Urdangarin declarará el 6 de febrero como imputado en el caso Palma Arena
El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha citado a declarar como imputado al yerno del rey español, Iñaki Urdangarin, el 6 de febrero para interrogarle sobre los negocios realizados con la comunidad de Baleares y con la Comunidad Valenciana, por los que «haya sido perceptor de fondos públicos», al sospechar de malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude a la administración.
GARA | PALMA DE MALLORCA
El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, imputó ayer a Iñaki Urdangarin y le ha citado a declarar en Palma de Mallorca el próximo 6 de febrero sobre los negocios por los que cobró fondos públicos del Govern balear y la Comunidad Valenciana a través del Instituto Nòos.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.
En concreto, cree que el citado instituto -sin ánimo de lucro- era el instrumento con el que cobraba dinero de las instituciones baleares y valencianas a través de contratos de colaboración y que luego desviaba a empresas propiedad de Urdangarin y sus socios.
Castro levantó ayer del secreto de sumario de esta pieza separada número 25 del caso de supuesta corrupción Palma Arena, en la que se investigan supuestas irregularidades en el Instituto Nòos, y en el mismo auto ha imputado y ha citado a declarar a Urdangarin, que presidió dicha entidad hasta 2006.
El caso Palma Arena investiga las supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno de las Islas Baleares del PP en la contratación del polideportivo Palama Arena, y que destapó una serie de contrataciones irregulares. Entre esta documentación surgió la estrecha relación del Instituto Nóos para la organización de diversos eventos y congresos. El instituto contrataba a empresas propiedad de Urdangarin. Además, no siempre aparece justificado el trabajo que se pagó. Estas prácticas se extendieron también a las administraciones de la Comunidad Valenciana.
Al no constar «domicilio propio en España» del imputado, se ha visto obligado a notificar esta resolución mediante «diligencia telefónica» al abogado Mario Pascual Vives, del que ha sabido que había asumido su representación letrada «a través de los medios» de comunicación.
Como viene haciendo desde que en 2006 se levantaron las primeras sospechas, y sobre todo, en las últimas semanas en que se esperaba su imputación, la Casa Real española siguió marcando distancias con el yerno del rey y no hizo comentario alguno respecto a la imputación del esposo de la infanta Cristina.
Se remitió a su posición de «respeto absoluto» a las actuaciones y decisiones judiciales que mantiene desde que, hace dos meses, comenzaron a aparecer las primeras informaciones que relacionaban a Urdangarin con el caso Palma Arena.
Por su parte, el abogado Mario Pascual Vives, que actúa como portavoz de Iñaki Urdangarin, afirmó que su representado es «absolutamente inocente» y que ahora, una vez que ha sido imputado, tendrá la oportunidad de «empezar a defender» su honorabilidad.
«Un clamor popular»
Según Pascual Vives, había un «clamor popular» en la prensa para que se imputara al duque de Palma, como finalmente ha ocurrido. «Lo que es cierto es que llevamos un mes y medio con noticias y valoraciones y habrá que ver todo eso qué efecto habrá podido tener en el tema», indicó el portavoz, que lamentó que algunas de las informaciones o valoraciones publicadas «han dañado o pretendían dañar» la honorabilidad de Urdangarin.
Castro especificó en el auto dictado ayer que cita al duque de Palma para interrogarle sobre los negocios realizados con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, por los que «haya sido perceptor de fondos públicos».
El juez le preguntará sobre la ejecución de lo acordado con ambos gobiernos, la rendición de cuentas llevada a cabo, así como por las personas que hayan participado en los hechos o se hayan beneficiado de los mismos, el destino de dichos fondos públicos y su tratamiento fiscal, según detalla en el auto.
Castro ha citado también a declarar a otros ocho imputados en esta misma causa: el socio de Urdangarin, Diego Torres y otras cuatro personas vinculadas con el Instituto Noos -Ana M. Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet-, y tres altos cargos del Govern balear en la legislatura en la que Jaume Matas era presidente autonómico.
El jueves primeras declaraciones
Los primeros en prestar declaración serán Torres y las otras cuatro personas vinculadas a Nòos, citadas para el próximo jueves y a quienes Castro también interrogará sobre los mismos hechos por los que se tomará declaración al duque de Palma.
Además declararán como imputados en esta causa el exdirector general de Deportes del Govern, José Luis «Pepote» Ballester; el exdirector de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal, y el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, citados el 25 de enero para explicar la génesis de los negocios del Govern balear con Urdangarin y Torres.
Según el auto, la fecha fijada para la declaración de Urdangarin, el 6 de febrero, será suficiente para que pueda personarse en la causa y recibir copia digital de todo lo que se ha llevado a cabo hasta ahora en la instrucción y conocer los «indicios racionales de criminalidad» que se deriven de ella.
Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción sobre Iñaki Urdangarin y sus socios parten de la sospecha de que desviaron a través del instituto Nóos fondos públicos y privados procedentes de tres administraciones públicas para apoderarse de ellos. Para ello, fijaron precios «totalmente desproporcionados» por los servicios que prestaban a la Administración y simularon trabajos ficticios. En el caso de Baleares, el montante desviado ascendió a 2,3 millones de euros que el Gobierno de Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte. La Fiscalía cree que fue a partir de 2003 cuando el duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente, con la única finalidad de «contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales». De esta forma, pretendían «rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos». Las entidades presuntamente utilizadas eran Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies, Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management. Tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, al menos desde 2006, el mismo domicilio social, lo que revela que el control de las mismas estaba en manos de los dirigentes de Nóos. GARA
PP y PSOE, espresaron su «total respeto» a las decisiones judiciales y confíanen que la imputación del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, sirva para conocer toda la verdad y «aclarar los hechos cuanto antes».
El coordinador general de IU, Cayo Lara, opinó que el caso «no ha hecho más que empezar» y sugirió que, con la decisión del juez, se está imputando a «algo más que a una persona», en alusión a los «silencios y posibles encubrimientos».
El diputado de ERC Pere Aragonés consideró sorprendente y significativo que la noticia de la imputación llegue inmediatamente después de que la Casa del Rey hiciera público por primera vez el reparto del dinero que recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado.
Las primeras informaciones sobre las actividades presuntamente irregulares del Instituto Nóos que presidió Urdangarin se remontan a 2006. Entonces, la Casa Real ya empezó a marcar distancias y los duques de Palma pusieron un océano de por medio trasladando su domicilio a Washington. Tras el registro por parte de la Policía Judicial de la sede de Nóos y de otras sociedades vinculadas a Urdangarin, se produce la primera reacción oficial por parte de la Casa Real, que dice que «respeta el trabajo de los jueces». La prensa española desvela casi a diario nuevos detalles en torno a la investigación. Zarzuela insiste en distanciarse de las «actividades privadas» del duque «consorte», incluso cundo se revela que el asesor de las infantas, Carlos García Revenga, empleado de la Casa del Rey, figuraba como tesorero de Nóos. La presencia de la Infanta Cristina, séptima en el orden de sucesión al trono, como vocal del Instituto Nóos y su condición de socia de una de las empresas a las que presuntamente se desvió dinero público, aumenta la presión sobre la Casa del Rey. Fruto de esa presión, la Casa Real limita los miembros de la denominada familia real a los reyes, los príncipes y las infantas Leonor y Sofía. Luego matiza que tanto la infanta Elena como los duques de Palma seguirán siendo miembros de la familia real, pero reconocen que las actividades oficiales de las infantas sufrirán un notable descenso. Por primera vez no participan en la apertura de la legislatura en las Cortes. El 12 de diciembre la Casa del Rey se aparta aún más y anuncia que el duque de Palma dejaría de participar en actos oficiales por su conducta «no ejemplar», y la infanta Cristina «ya se verá». Urdangarin colabora lamentando «el grave perjuicio» a la imagen de su familia y de la Casa del Rey, «que nada tienen que ver» con sus «actividades privadas», aunque defiende su «honorabilidad e inocencia». Hasta entonces siempre había asistido a actos oficiales como acompañante de la infanta. Su imagen es apartada de la familia real en el museo de cera de Madrid y trasladada a la sección de «deportistas». Y sólo un día antes de conocerse la imputación , Zarzuela intenta dar imagen de transparencia desglosando sus ingresos, hasta ahora secretos. GARA
