La portavoz parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, denunció en un comunicado que la congelación del SMI anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy lo que hará será empeorar la situación de las personas que menos tienen, por lo que pidió al Gobierno de Gasteiz que no tenga en cuenta la congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a la hora de calcular el importe de la Renta de Garantías de Ingresos (RGI).

También exigió a López que no aplique más medidas restrictivas a quienes menos tienen y recordó en este sentido la decisión del Ejecutivo de López de reducir en 2012, vía presupuestos, un 7% las cuantías de las prestaciones sociales.

Si se congela el SMI, los perceptores de la RGI recibirían 658 euros, importe al que habría que aplicar la reducción del 7%, advirtió la portavoz de Aralar.

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Gasteiz, Idoia Mendia, opinó que la congelación del salario mínimo es «una de las primeras consecuencias que van a sufrir» los ciudadanos vascos de los «recortes» que va a aplicar el Gobierno de Rajoy.

En una entrevista en Radio Euskadi, Mendia aseguró que su Ejecutivo está «preocupado» ante «los recortes aún no aclarados» que aplicará el nuevo Gobierno del PP.

ESK también mostró su más «absoluto rechazo» al anuncio porque supone «una vuelta de tuerca más en las políticas llevadas por las distintas Administraciones Públicas en defensa de los intereses de los poderosos y en detrimento de la clase trabajadora».

En un comunicado, el sindicato denuncia que, en este caso, es «más grave si cabe, ya que afecta a los sectores que peores condiciones laborales tienen». Asimismo, advierte de que esta medida «no es más que el principio de las políticas que el PP va a llevar adelante en el ámbito laboral y que servirá como espejo en el que mirarse a la empresa privada a la hora de afrontar la negociación colectiva».

Por su parte, la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia aseguró ayer que el número de personas afectadas por esta medida será mucho mayor a la anunciada por el Gobierno español. Así, recordó que el 7,6% de las mujeres ocupadas son empleadas de hogar y que todas ellas «están sometidas a una norma según la cual por una jornada completa lo único que se le garantiza es la cuantía anual del salario mínimo».

Según un estudio de Lakua, el número de personas dedicadas al empleo doméstico asciende en la CAV a 80.388.