El tercer trimestre de 2009 y todo el 2010 fueron los meses de la ciaboga en la izquierda abertzale. 2011 arrancó de inmediato como el año de la plasmación de la nueva estrategia de la izquierda abertzale en la transformación del mapa político vasco. El alto el fuego de ETA en enero, el intento de legalización de Sortu, la suma de fuerzas en torno a Bildu para las elecciones municipales y forales de mayo, la Conferencia Internacional de Aiete, la histórica decisión de fin de la actividad armada en octubre, la obtención de siete diputados y tres senadores por Amaiur en los comicios de noviembre y la posición fijada por el Acuerdo de Gernika en torno a todas las víctimas son la base para que 2012 sea el año en el que se puedan comenzar a recoger algunos frutos del nuevo tiempo político. Para ello será sustancial el impulso de los sectores sociales y políticos vascos que desean el cambio -y que se espera tenga una primera muestra colosal el próximo sábado en las calles de Bilbo-, que podrán contar con la ayuda de los agentes internacionales que ya se han comprometido con la resolución del conflicto. El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha dado muestras desde su arranque de que no se va a mover por propia voluntad.

Cualquiera que se hubiera marchado de Euskal Herria en verano de 2009 y volviera ahora, sin haber tenido durante este tiempo noticias del país, no saldría de su asombro por la enorme transformación política que se ha vivido en tan poco tiempo. Por eso, la pose adoptada por el Gobierno español de que «nada es suficiente» hasta la disolución de ETA no es más que una posición táctica para tratar de obtener ventaja política e incluso partidista.

El arranque de 2012 va a estar marcado -en la calle, en los despachos y en las instituciones- por la exigencia de que se respeten los derechos de los presos políticos. La demanda de cambios en la política penitenciaria es ya claramente mayoritaria en Euskal Herria y son muy amplios los sectores que lo ven no sólo como una necesidad en sí misma, sino como un paso imprescindible en el asentamiento de un nuevo escenario y un nuevo clima de relaciones políticas.

La reivindicación va a estar en las calles, pero también en los contactos de los responsables de Interior de Lakua y Madrid y en la reunión que mantenga el lehendakari, Patxi López, con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Y se tratará también en las Cortes españolas, porque el PNV ya se apresuró a incluir la exigencia de una política penitenciaria «más flexible» en el paquete de las primeras iniciativas que registró en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno español pondrá mucho interés en que los pasos (probablemente todavía nimios) que dé sean interpretados por la ciudadanía como un fruto del concierto entre «los demócratas» y no como una reivindicación arrancada por la movilización social, una estrategia que los sectores que históricamente han estado involucrados en la lucha por los presos habrán de saber lidiar.

Cualquier movimiento en política penitenciaria va a venir acompañado de las protestas de las asociaciones de víctimas de ETA, convertidas en poder fáctico y utilizadas por los sectores más extremistas del unionismo. La cuestión de la «memoria» va a ser terreno de batalla en los próximos meses. Pero el mero hecho de que PSOE y PP sientan la necesidad de construir una «memoria» acorde a sus intereses evidencia a las claras que la mayoría social vasca recuerda perfectamente en qué parámetros se ha movido el conflicto en los últimos cincuenta años. Parlamentarios vascos acudirán en los próximos días a Chile para conocer las experiencias desarrolladas allí. ¿Pretenderán luego convencernos de que el ejemplo es trasladable sustituyendo a Pinochet por ETA, cuando este pueblo tiene tan reciente el recuerdo del franquismo?

En todo caso, el terreno del reconocimiento y la reparación de las víctimas es también otro de los campos en los que la izquierda abertzale está dispuesta a dar nuevos pasos unilaterales. Avanzará en lo declarado ya por el Acuerdo de Gernika el pasado 17 de diciembre en la Casa de la Paz de Aiete, sobre la base de la muestra de pesar y de la pasada falta de sensibilidad hacia el dolor ajeno.

Y mientras la izquierda abertzale da pasos, el Estado sigue atascado en prácticas represivas y obstruccionistas como la ilegalización de Sortu, sobre la que el Tribunal Constitucional habrá de dictar una resolución este año (o no). Resulta claramente definitorio del nivel democrático del Estado español que una cuestión que afecta directamente a la base misma del sistema, como es la del pluralismo político, se mantenga aparcada durante largos meses cuando la experiencia muestra que puede resolverse en horas, como en periodo electoral.

Ni la presencia electoral de Bildu ni la de Amaiur resuelven el déficit democrático que supone que la izquierda abertzale no tenga legalizado un partido propio, lo que le obliga a seguir organizada en estructuras de tipo clandestino, padeciendo además un continuo hostigamiento de seguimientos policiales.

Mientras el resto de fuerzas cuentan con sedes, estructuras públicas, subvenciones, la posibilidad de pedir préstamos o de operar con sus fondos a través de entidades bancarias, la izquierda abertzale debe competir prácticamente atada de pies y manos.

Además, mientras no cuente con un partido legalizado, sus dirigentes y militantes más significativos siguen sin poder presentarse a las elecciones, y los cargos de cada legislatura han quedado «contaminados» para la posterior, lo que obligó en las elecciones habidas a lo largo de 2011 a recurrir para puestos de responsabilidad foral y municipal a personas muy valiosas, con enorme capacidad de compromiso, pero sin experiencia institucional anterior.

Tampoco cabe olvidar que los principales líderes de la izquierda abertzale se encuentran en estos momentos encarcelados unos y con la amenaza de fuertes condenas de prisión la mayoría. El Tribunal Supremo habrá de resolver en los próximos meses el recurso presentado contra la irracional condena de diez y ocho años de cárcel que mantiene en prisión a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto, artífices del cambio estratégico de la izquierda abertzale que ha llevado al fin de la lucha armada, y paradójicamente condenados como dirigentes o miembros de una organización armada.

Pero, además, sobre decenas de ex mahaikides, parlamentarios y dirigentes de Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritarrok, EHAK, D3M, ANV o HZ hay pendientes causas judiciales en las que la Fiscalía y las acusaciones particulares piden graves condenas judiciales. Un sinsentido en su día que resulta grotesco en este nuevo tiempo abierto en el país y que habrá que ver en qué términos se acaba resolviendo, después de tantas demoras y retrasos.

Pero pese al acoso del Estado, las fuerzas abertzales y soberanistas de izquierda mantienen un proceso de convergencia y unidad que en en las pasadas elecciones a Cortes estatales cristalizó en el éxito de Amaiur y que todo hace augurar que conocerá nuevos pasos en el año entrante. Con la legalización de Sortu, este sector podrá caminar hacia uniones más estructuradas que meras coaliciones electorales, si cada una de las partes lo considera conveniente. Un proceso que se está dando al sur del Bidasoa, pero también al norte.

La izquierda abertzale, EA y Alternatiba tienen ya el acuerdo, ``Euskal Herria Ezkerretik'', sucrito pronto hará un año. Y Aralar viene dando muestras, desde su último congreso, de que también avanza hacia la unión de fuerzas independentistas y de izquierda, pese a las resistencias internas que se salvarán por los cauces democráticos internos.

Todo ello puede llevar a una simplificación del mapa electoral de cara a las elecciones autonómicas de la CAV que muchos auguran ya para el próximo otoño. El «interés de Estado» llevará al PP de Rajoy y Basagoiti a no dejar caer al Gobierno unionista que encabeza Patxi López, pero todo el mundo sabe que con unos comicios en igualdad de condiciones, la presencia del PSE en Lehendakaritza tiene los días contados y que su sustituto no va a ser el PP. Es más, los movimientos en materia fiscal en Bizkaia y Araba, el reciente acuerdo derechista para copar Kutxabank y las necesidades futuras de«apoyo moral» que pueda precisar el nuevo inquilino de la Moncloa hacen pensar que el partido de Basagoiti aspira a convertirse en el sostén del regreso jeltzale a Ajuria Enea, que el PP justificaría fácilmente en la necesidad de cortar el paso al independentismo de izquierdas, y que un PNV cada vez más «vizcaino» y ávido de poder aceptaría de buen grado.

Los jeltzales iniciarán el año con la renovación del EBB y todo indica que los equilibrios internos de poder se deslizarán hacia un reforzamiento de las tesis de Iñigo Urkullu, quien em las últimas elecciones ya afeó las tendencias «identitarias» de la mayoría guipuzcoana y las contrapuso al «modelo PNV». En Araba ese cambio ha arrancado con la elección al EBB.

Y después de la renovación de las estructuras internas nacionales y regionales, los jeltzales deberán decidir quién es la persona que encarnará ese «modelo PNV» como candidato a lehendakari.

Pero al margen de las elecciones, 2012 será año para ir asentando las bases de un marco democrático, tarea que recae sobre los sectores de la ciudadanía vasca que lo consideran inaplazable. Ensanchar los consensos en Euskal Herria y mantener la implicación de los apoyos internacionales obtenidos se perfila como la estrategia más razonable para avanzar en este camino.

La fuerza de Euskal Herria y la mirada vigilante y comprometida del mundo aparecen como protagonistas de este 2012 que arranca con mucha fuerza.