Respondiendo a lo anunciado en el debate de investidura, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó ayer un fuerte programa de recortes con el que, según expuso la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo pretende reducir el déficit público, pero que en primer término afectará a millones de trabajadores y dejará en una situación comprometida a muchísimas familias, cuando un buen número de ellas apenas consigue llegar ahora a fin de mes. Así, además de la congelación del gasto en áreas como Fomento e Industria, el PP ha cerrado el acceso a la renta de emancipación, ha pospuesto al menos hasta 2013 la inclusión de nuevos beneficiarios de la ley de atención a personas dependientes y ha decidido que los funcionarios trabajen más horas perdiendo poder adquisitivo. Asimismo, no se contratarán nuevos empleados públicos, salvo en áreas que el Gobierno considera prioritarias, como son, significativamente, las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Una de las medidas más controvertidas y que golpea a los sectores más necesitados de la sociedad ya había sido difundida en la noche del miércoles, para amortiguar su repercusión. Se trata de la congelación del Salario Mínimo Interprofesional. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, declaró que con ella se da «un mensaje importante de moderación salarial», lo que supone una burla a aquellas personas que perciben esos 641,40 euros y que deben estirarlos al límite para poder vivir.

Estas medidas, con las que Rajoy pretende reducir el gasto en 8.900 millones y que incluyen una subida del IRPF y el IBI, son solo «el inicio del inicio», según Sáenz de Santamaría. Es una advertencia de lo que está por llegar de la mano de un gobierno que no oculta su vocación de favorecer a los intereses del capital frente a las necesidades de la clase trabajadora. Por ello, al inicio de la andadura del PP en el poder debe acompañarle una respuesta contundente en contra de los recortes y en favor de un modelo económico propio.