Recortes del gobierno español
Rajoy agrava los recortes con una subida general del IRPF
Las restricciones económicas al sistema público se complementan con un aumento de impuestos al que el PP se mostraba reacio hasta ahora. Al menos en los dos próximos años, las rentas más bajas tendrán que pagar un 0,75 más, y las más altas, un 7%. Acusa al PSOE de ocultar déficit.
Alberto PRADILLA | MADRID
«Esto es solo el inicio del inicio». La advertencia, lanzada por la vicepresidenta y portavoz del Gobierno español, Soraya Sáez de Santamaría, llegó incluso antes de anunciar el esperado primer paquete de medidas económicas. Lo hizo acompañada del triunvirato económico del que se ha rodeado Mariano Rajoy, compuesto por Luis de Guindos (Economía), Cristóbal Montoro (Hacienda) y Fátima Bañez (Empleo). Obviamente, el jefe de Ejecutivo no se presentó. Su receta: supresión del gasto (con recortes de 8.900 millones pero que se ampliarán en los próximos meses) e inciativas para llenar el bolsillo estatal, básicamente a través de una subida del IRPF y del IBI.
Esta constituye la gran paradoja de los primeros proyectos del gobierno del PP: incrementará los impuestos a pesar de haber prometido insistentemente que no lo haría e incluso haber cargado contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por tomar la misma medida. Como es habitual cuando llega un nuevo Ejecutivo, Saéz de Santamaría culpó a sus antecesores, asegurando que el défit del Estado español asciende al 8%, dos puntos por encima de las previsiones del PSOE. Otra de las paradojas: la portavoz de Rajoy reconoció que los números rojos afectan con más severidad a las comunidades. Unos entes que, en su mayoría, controla su propio partido, especialmente los más deficitarios.
«No vamos a cambiar nuestra forma de pensar», salió al paso Cristóbal Montoro tras anunciar la contradictoria subida impositiva. Previamente, Sáenz de Santamaría advirtió que estos incrementos serán «temporales»; solo para los dos próximos ejercicios. Según las cuentas presentadas por el Ejecutivo español, el gravamen aplicado a las rentas salariales aportará 4.111 millones de euros a las arcas públicas mientras que los fondos que lleguen del impuesto a los capitales apenas ascenderán a los 1.246 millones de euros.
En definitiva, la subida de impuestos afectará a todos, de forma progresiva, aunque gravando más trabajo que capital. El margen oscila entre el 0,7% de los sueldos más bajos y el 7% de las grandes retribuciones. Como ejemplo, Montoro indicó que una persona soltera con unos ingresos de 16.000 euros anuales abonará 53,86 euros más al año, una cifra que aumenta hasta los 248,88 en el caso de quienes cobren 30.000 y hasta 20.567,95 para quien declara un salario anual de 400.000 euros. La misma progresividad afectará al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que tendrá un incremento del 10%, 6% o 4% aten- diendo a su valor catastral.
Sin dependencia hasta 2013
El otro frente es el de los recortes. Y aquí, aunque todavía queda mucho por ver, Sáenz de Santamaría ya apuntó hacia dónde se dirige el nuevo Ejecutivo, que ha aplicado hachazos a buena parte de los proyectos estrella del anterior Gobierno. Las personas dependientes son las primeras damnificadas. Hasta enero de 2013 no se aceptarán nuevos beneficiarios dentro de esta ley, por lo que quien necesite acogerse a su cobertura deberá de esperar, al menos, un año. Esta parálisis afecta también al permiso de paternidad de cuatro semanas, bloqueado hasta 2013. Por el contrario, las pensiones se incrementan en un 1%, cumpliendo con un compromiso adquirido por Rajoy durante su discurso de investidura. La Seguridad Social no está en peligro, según Báñez, que también soltó una alarmista hipótesis asegurando que no descarta recurrir al fondo de reserva.
Congelación de los 210 euros
Otros que no podrán sumarse a los beneficios serán los jóvenes que quieran recibir la ayuda para fomentar el alquiler, los 210 euros con los que el Estado fomentaba la emancipación de los menores de 30 años y que constituyeron otra de las iniciativas promovidas por Zapatero. Nadie más podrá pedir este subsidio, aunque se mantendrá la cobertura para las 300.000 personas que lo reciben. Las desgravaciones para comprar vivienda y la congelación de ayudas al alquiler apuntan a un intento de reactivar el negocio del ladrillo.
Como ya se había anunciado, el PP congelará el Salario Mínimo Interprofesional en 641,40 euros, pero mantendrá la paga de 400 euros a los parados que ya hayan agotado la prestación por desempleo.
Un 20% menos a los partidos
Las administraciones también han tenido su «tijeretazo». En un primer lugar, los funcionarios, que trabajarán más por lo mismo. El PP congela su salario pero aumenta las horas laborales a 37 y media. Tampoco se sustituirán los puestos que queden vacantes salvo en lo que el Ejecutivo considera básicos, especialmente las FSE.
La larga lista de recortes afectará también a la propia estructura. Fomento, con una reducción de 1.600 millones, es el más afectado, lo que podría afectar directamente a la construcción del TAV. Además, se eliminarán cargos intermedios y se suprimirá un 20% las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal.
Este solo es el inicio. El próximo capítulo podría llegar con los presupuestos de marzo.
El Gobierno quiso presentar que la medida afectaba sobre todo a las rentas de capital, pero los números cantan. Se recaudarán 4.111 millones más procedentes de rentas de trabajo y 1.246 de rentas de capital.
Amaiur fue una de las escasas fuerzas del Congreso que valoró las decisiones del Gobierno Rajoy, posicionándose completamente en contra. «Son la continuación y profundización de la política neoliberal que ha causado esta crisis», indicó en una nota en la que remarca que las medidas «afectan a la clase trabajadora en general y a las capas más desfavorecidas en particular». Así las cosas, la coalición abertzale y de izquierdas certifica que «los vascos no podemos esperar soluciones de las instituciones de Madrid», tras equiparar estas medidas del PP con las que tomó antes el PSOE.
«Por todo ello, Amaiur se reafirma en la necesidad de impulsar para Euskal Herria un marco soberano en materia económica, que albergue nuestro propio sistema fiscal, laboral y de protección social. El Marco Vasco de Relaciones Laborales y Prestación Social supone disponer de un espacio propio de decisión. Y poder impulsar políticas asentadas en el reparto del trabajo y de la riqueza, fortalecer el sector público y tener la posibilidad de realizar una reforma fiscal profunda y progresiva. En definitiva, un modelo diferente y alternativo basado en solidaridad, justicia, respeto al medio ambiente y participación popular». GARA
La constatación previa de que este primer Consejo de Ministros de importancia política de la legislatura de Rajoy iba a anunciar un fuerte recorte hizo que no hubiera valoraciones demasiado estridentes. El PSOE optó por tomarse un tiempo para pensar cómo se posiciona. Los sindicatos se limitaron a reiterar que los ajustes no son una estrategia válida para lograr crecimiento económico. Y si acaso, lo que destacó fue que a la patronal estatal le resultan algo insuficiente las medidas aprobadas ayer, y ya pide más.
La CEOE calificó las decisiones del Gabinete Rajoy como «necesarias aunque no agradables», y abogó por que se acompañen de otras «de mayor calado». En un comunicado, la organización presidida por Juan Rosell asegura que solo dando más pasos en la política de ajuste se podrá reducir el «abultado déficit público» del Estado.
CEOE reitera la necesidad de «continuar con la senda de las reformas» y señala que «tanto el sector público como el privado van a tener que aplicar recortes y tomar decisiones complicadas pero absolutamente obligatorias, asumiendo todos sacrificios para salir de la crisis con garantías».
También dio la impresión de que los sindicatos esperaban algo aún más drástico. Así, UGT se tomó este primer ataque como «un anticipo» de nuevas restricciones, que consideró que se harán más visibles cuando se definan los primeros presupuestos de la era Rajoy. En una lectura general, este sindicato destacó que la insistencia en estas políticas de «recorte y picoteo fiscal» no va a solucionar nada y contiene aspectos «profundamente injustos».
UGT no parece barajar movilizaciones en contra. CCOO sí usó esta palabra, pero de modo muy inconcreto y ligado más bien a los nuevos recortes que puedan producirse. Así se hace constar en una carta remitida por su líder, Ignacio Fernández Toxo, a los afiliados al sindicato en la que advierte de que está dispuesto a recurrir a la movilización si se prescinde del diálogo social y se sigue haciendo recaer los costes de la crisis en los trabajadores.
En Euskal Herria, ELA ya puso el grito en el cielo antes del Consejo de Ministros, dado que en la reunión de la Mesa de la Función Pública celebrada por la mañana en Madrid se avanzó la apuesta del Gobierno por la congelación y «la destrucción de empleo en los servicios públicos». ELA plantea «movilizacones contundentes para evitar que en los presupuestos de marzo lleguen nuevos recortes de derechos laborales y sociales».
Los recortes anunciados dejan en posición difícil al PSOE, dado que el tijeretazo de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, impuesto por Europa, fue mayor en algunos capítulos. Alfredo Pérez Rubalcaba reunirá hoy a sus compañeros para empezar a estudiarlo.
