La posible prórroga de Garoña anunciada por el ministro de Industria del Ejecutivo español, José Manuel Soria (PP), ha despertado el malestar de los alcaldes de la Cuadrilla de Añana y Urduña, que miran con temor hacía la central burgalesa. Una amenaza nuclear revestida de hormigón que, de revocarse la orden ministerial aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se mantendría activa hasta el año 2019.

El primer edil de la ciudad vizcaína, Karlos Arranz (Bildu), evidenció su temor ante el anuncio de Soria. En declaraciones a GARA, el alcalde de la principal localidad vasca afectada por la cercanía de la central nuclear -se encuentra a menos de 30 kilómetros de la planta burgalesa- admitió su malestar por las palabras del ministro español, pero evitó realizar una valoración política hasta no conocer de primera mano la medida propuesta por el PP.

Más tajante se mostró el alcalde Erriberagoitia, Jesús Berganza (PNV), que calificó de «salvajada» la más que probable prórroga de la vida de Garoña. En su opinión, la continuidad de la planta es una «aberración» que choca con el fomento de las energía renovable que dice promover Nuclenor, la misma empresa que trata de incrementar el período de vida útil de la planta burgalesa.

En el mismo sentido se pronunció el alcalde de Gaubea, Juan Carlos Remírez (PNV), quien, en declaraciones a EITB, lamentó que el PP esté «jugando con la vida de decenas de miles de personas» solo para garantizar beneficios económicos a las dos empresas eléctricas privadas que conforman Nuclenor: Endesa e Iberdrola.

Por su parte, el alcalde de Erriberabeitia, Pedro Montoya (PSE), denunció la vigencia de una instalación «obsoleta» -se construyó en el año 1966- que ha superado con creces los cuarenta años para los que fue diseñada.

Montoya considera que la continuidad de esta instalación energética «contradice» lo dispuesto en el Plan Reindus, que repartió 21,7 millones de euros en 2011 entre los municipios burgaleses afectados económicamente por el cierre de la central nuclear, excluyendo a las catorce localidades vascas situadas al otro lado del Ebro, sobre cuya ribera derecha se levanta Santa María de Garoña.

Estas subvenciones, aprobadas por el Gobierno español a finales del año 2010, despertaron en su día el recelo y las críticas de los alcaldes vascos -trece alaveses y un vizcaino-, ya que estos municipios se han visto perjudicados por el reparto de unas ayudas económicas que dejarían de tener sentido tras el anuncio realizado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

A este respecto, el primer edil de Zanbrana, el independiente Aitor Abecia, señaló que tras las citadas ayudas económicas decretadas por Madrid se esconden los motivos por los que la Autoridad Portuaria de Bilbo optó por situar su puerto seco en la localidad burgalesa de Pancorbo, en detrimento de la plataforma logística Arasur, un «cadáver urbanístico» situado al sur del herrialde.

Maroto se mantiene

El rechazo a la continuidad de la central nuclear va más allá de las localidades limítrofes con Castilla y León. En Gasteiz, el alcalde, Javier Maroto (PP), se posicionó ayer en contra de la opinión de los máximos dirigentes de su partido y subrayó que la prórroga de la vida útil de Garoña es un «error».

En un tweet recogido por la agencia Efe, se comprometió a «defender el sentir mayoritario» de la ciudadanía gasteiztarra y volvió a solicitar el cierre de la planta en el año 2013, tal como está previsto en la vigente orden ministerial aprobada por el anterior Gobierno del PSOE.

Por su parte, el grupo municipal de Bildu en el Consistorio de la capital alavesa exigió ayer a Maroto que se reúna «de manera inmediata» con José Manuel Soria para pedirle que cierre la central de Garoña «de una vez por todas». En un comunicado, la coalición soberanista solicitó al alcalde de Gasteiz «que se deje de mensajes populistas de cara a la ciudadanía y diga con firmeza en Madrid que se opone a demorar la clausura de las instalaciones ante el peligro que implica esa medida».