Etxerat instó ayer de nuevo a los ejecutivos español y francés a modificar su política penitenciaria, de la que dijeron que «se sitúa en claves de represión, utilización y venganza». Oihana Lizaso y José Antonio Aranburu, representantes de la asociación, incidieron en la importancia de construir entre todos «un escenario de resolución que garantice el respeto de todos los derechos de todas las personas», también los de los presos políticos vascos que sufren la dispersión.

«La política penitenciaria, además de las y los presos, golpea a todo su entorno social y afectivo. Somos miles las y los ciudadanos vascos que sufrimos las consecuencias de la cruel política», destacaron quienes comparecieron en Bilbo. «La dispersión -añadieron- supone una enorme y terrible ruleta rusa, en cualquier carretera ponemos nuestras vidas en juego, el desgaste físico y sicológico es notorio, los cacheos, la sangría económica o la infinidad de intentos de humillación».

En el rosario de datos que dieron a conocer en su balance anual, destaca que 175 integrantes del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) han cumplido ya los plazos para que se les aplique la libertad condicional y aún siguen encarcelados. Además, más de 70 ciudadanos vascos han sufrido la aplicación de la doctrina 197/2006, de los que 15 ya se encuentran en libertad. Actualmente, esta medida afecta a 58 hombres y mujeres en prisión, de los que 49 ya han cumplido lo que dictaba la sentencia condenatoria.

«Se trata de un escándalo en el plano jurídico, vulnera de manera flagrante los derechos humanos y choca frontalmente con los deseos de la mayoría de la sociedad vasca», señalaron.

En su mensaje, incidieron en la importancia de que se materialicen cambios en la política penitenciaria: «mantener y enrocarse en la actual situación no tiene sentido, va en contra de la voluntad de la sociedad vasca, vulnera derechos y es perjudicial para todos y todas».

Lizaso y Aranburu señalaron que los negros datos que iban a aportar en su balance eran fiel reflejo de la crudeza de la situación y es que 665 miembros del EPPK están dispersados en 71 prisiones de siete estados diferentes. «Únicamente ocho de ellos y ellas se encuentran encarcelados en Euskal Herria», remarcaron -en Martutene y Zaballa-, a los que se suman los once que por sus enfermedades graves e incurables soportan un régimen de prisión atenuada.

En este capítulo, destacaron que el basauriarra Txus Martín, a pesar de su delicado estado de salud, se encuentra encerrado en la prisión alavesa. Otros tantos como Gotzone López de Luzuriaga, José Ángel Biguri, Iñaki Etxeberria Martín, Jesús Mari Mendinueta, Josetxo Arizkuren, Josu Uribetxebarria y Gari Arruarte, también lo están.

No faltó la referencia al ondarroarra Ibon Iparragirre, ahora en prisión atenuada, al que no se le aplicó la ley hasta que su vida pendía de un hilo en el módulo carcelario del Hospital de Basurto de la capital vizcaina. La movilización social logró que se cumpliera. «La prisión es un foco de enfermedades y la asistencia sanitaria que reciben nuestros familiares, amigos y amigas dista mucho de ser la más adecuada», señalaron, poco antes de citar los problemas que tienen, entre otros, Ibon Fernández Iradi, Mikel Izpura, Aitor Fresnedo, Gari Arruarte, Joseba Fernández e Iker Beristain para recibir una asistencia médica correcta y su control correspondiente fuera de las cárceles.

«Las y los presos que padecen enfermedades graves e incurables deberían estar en libertad. Su estado de salud así lo aconseja -resaltaron-, ya que tanto en prisión o bajo grandes medidas de control es imposible recibir la asistencia sanitaria que necesitan».

Tampoco pasaron por alto el régimen de aislamiento con el que se castiga a los presos políticos vascos, «al igual que ocurre en Guantánamo, Abu Graibh o en las prisiones de Israel». Citaron que doce prisioneros vascos se encuentran absolutamente solos y el porcentaje de quienes lo han padecido durante periodos prolongados es caldo de cultivo para que ello derive en graves enfermedades mentales.

«Etapa para vaciar las cárceles»

Etxerat considera que el nuevo tiempo abierto en Euskal Herria debe ser «una etapa para vaciar las cárceles. La sociedad vasca -añadieron- desea dar aliento y empujar a esta nueva fase y es consciente de que para ello es imprescindible que la política penitenciaria vigente pase a claves de resolución democrática».

Esta petición la efectuaron después de constatar que continúan los traslados arbitrarios, los cacheos a presos y familiares, además de que siguen llenándose las cárceles.

De la reivindicación que llevará el sábado a decenas de miles de personas a colapsar previsiblemente las calles de Bilbo, insistieron en que es «una petición democrática, legal e imprescindible». «Los gestos de solidaridad han crecido de manera exponencial y somos conscientes de que la sociedad vasca está con nosotros y nosotras», apostillaron poco antes de recordar que acudirán a la «movilización colosal» de Bilbo.