No es nuevo el desprecio de la la derechona y sus medios hacia la voluntad popular, especialmente cuando se trata la de comunidades que no están de acuerdo con ser gobernadas desde fuera y que simplemente quieren ser dueñas de su futuro.

«El Mundo» ofrecía ayer dos ejemplos de su preocupación por esa voluntad popular, preocupación porque esa voluntad no coincide con la de Pedro J.

En comentario editorial, afirmaba que CiU «amenazó ayer con recurrir a medidas de fuerza si el Gobierno se niega a debatir sobre el llamado `pacto fiscal', un acuerdo similar al concierto vasco. Oriol Pujol aumentó la escalada de tensión iniciada por la Generalitat anunciando que, si no hay avances, Cataluña se negará a liquidar retenciones de IRPF y cotizaciones de la Seguridad Social». No es que CiU sea santo de la devoción de servidora, pero resulta curioso que haya sido el presidente del grupo parlamentario de ese partido quien ha aumentado «la escalada de tensión» y que esta además haya sido iniciada por la Generalitat. Es decir, que si el Gobierno no hace caso a los requerimientos de la Generalitat, lo que esta tiene que hacer es callarse, de lo contrario, «Es un chantaje al que el Gobierno ha de responder con la ley en la mano, pero haría bien en aprovechar el caso para reforzar su autoridad moral (...) el PP debería quitarles esa baza impulsando una profunda reforma del Estado de las autonomías». Ya ven que, mientras los catalanes aumentan la tensión, «El Mundo» intenta reducirla.

En la página siguiente, ese diario nos informa de que «La izquierda abertzale no va a cejar en su empeño de mantener la presión» sobre Kutxabank «después de quedarse fuera del Consejo de Administración a raíz del pacto PNV-PP», marginación que, a buen seguro, le ha parecido estupendo a «El Mundo». Solo les faltaba decir que la concentración de «trabajadores del sindicato radical LAB» frente a la sede de BBK en Bilbo es una presión inadmisible, y más «para reclamar un marco vasco de relaciones laborales y que el Consejo de Administración de Kutxabank respete la decisión que adopten las distintas plantillas». Eso también les parecerá un chantaje al que el Gobierno (mejor el central) debería responder.