El responsable de la Construcción de Gipuzkoa de ELA, Igor San José, presentó en diciembre una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Gipuzkoa contra la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por Construcciones Mariezcurrena, Construcciones Zubieder y Urbycolan, que realizan las obras de movimiento de tierras en el sector Galarreta (Hernani) de la ampliación del Parque Tecnológico de Donostia. En la misma ELA detalla que «más de 100 trabajadores de la Construcción están siendo explotados con jornadas abusivas de 12, 13 y 14 horas diarias, sábados y domingos incluidos». Como remarca, los salarios «están muy por debajo de lo establecido en el convenio vigente de la Construcción de Gipuzkoa».

Ante «la sospechosa inhibición de la Inspección de Trabajo», el responsable sindical de ELA reconoce que «hemos tenido que actuar de manera directa, porque, de no hacerlo, algunos trabajadores hubieran sido despedidos por no haber trabajado en la festividad de Reyes. Afortunadamente, el ruido inherente a las obras llevó a algunos vecinos de la zona de Galarreta a denunciar ante la Policía Municipal que se estaba trabajando en un día festivo con normalidad a las 1:30 de la madrugada». ELA confirma que no es la única denuncia de los vecinos por «excesos horarios similares». ELA mantendrá esta próxima semana varias reuniones con la Diputación de Gipuzkoa y con SPRI para que intercedan y «se ponga fin a estos abusos empresariales. La única institución que ha mostrado algún interés en tratar con nosotros el gravísimo problema de esta obra ha sido la Diputación de Gipuzkoa con la que hemos quedado para reunirnos la próxima semana», explicó a GARA Igor San José.

La obra cuenta con un presupuestos de 160 millones, de los que las administraciones pública sufragan más de la mitad del mismo, además de Orona y Kutxa. Para ELA «las jornadas abusivas, los ritmos exagerados de trabajo y la no aplicación del convenio constituyen una quiebra inaceptable de la legalidad vigente y fomentan la insoportable siniestralidad laboral que el sector viene padeciendo».

Además la central sindical entiende que esta manera de trabajar «a destajo» supone «una competencia desleal» que afecta de manera directa «a quienes son respetuosas con la legalidad». Lamenta, por otro lado, que las administraciones públicas «sigan siendo tolerantes hacia estos casos irregulares en vez de proteger la calidad del empleo como un bien que acaba redundando en Gipuzkoa y no en `empresas pirata' con bandera de conveniencia».