Nigeria muestra una compleja y en cierta medida antagónica realidad. Su riqueza petrolera y en otros recursos naturales le sitúa entre los países más prósperos, pero cerca el 70% de su población vive con menos de dos dólares al día y el Estado es incapaz de satisfacer las necesidades elementales de la mayor parte de su población. La desigual distribución de la riqueza, la corrupción, las crisis políticas y sociales y, entre otros factores, las políticas neoliberales de los distintos gobiernos han llevado a Nigeria a ser uno de los países más pobres del mundo y con la mayor población pobre de África.

Los atentados que han empañado de sangre las pasadas navidades son una muestra más de que el grupo armado Boko Haram tiene cada vez mayor capacidad operativa y sofisticación, al tiempo que demuestra que puede atacar cuándo y dónde quiere. Tras el anunciado desmantelamiento por parte del Gobierno de hace unos años, cuando detuvo a cientos de supuestos militantes y acabó con la vida de su líder, Mohammed Yusuf, la formación islamista ha venido dando muestras de su recuperación.

Desde 2010 se han sucedido ataques contra instalaciones gubernamentales, prostíbulos, bares, funcionarios locales y federales, tanto militares como civiles, y, cada vez con más frecuencia, contra la comunidad cristiana y sus iglesias. Ese año, la mayoría de los atentados tuvo lugar en el norte del país, pero en 2011 Boko Haram ha extendido su radio de acción, con importantes ataques en la capital Abuya.

El Gobierno aplica desde hace tiempo una estrategia represiva, deteniendo indiscriminadamente a supuestos sospechosos y atemorizando a la población local, lo que incrementa el apoyo a grupos como Boko Haram.

La injusticia social, la pobreza, la percepción de que Occidente es el impulsor de esa corrupción endémica que acompaña a los gobiernos centrales nigerianos y que asola a la población, son algunas de las razones que explican también el auge de ese apoyo. A ello evidentemente se suman la política gubernamental, las diferencias entre norte y sur (el primero se considera totalmente marginado respecto a la riqueza del país) y las disputas en torno a los resultados de las elecciones de abril, que dejaron cientos de muertos en Nigeria.

Si Boko Haram continúa ampliando su zona de actuación y se expande hacia el sur puede que la «línea imaginaria» que divide a cristianos y musulmanes acabe saltando por los aires y se generalice una guerra interreligiosa. Además, la aparición de los kamikazes y las posibles relaciones (formales o ideológicas) del grupo con Al-Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) o los shebaab somalíes y la decisión del Gobierno de militarizar aún más el conflicto añaden más incertidumbre al futuro inmediato de Nigeria.

La huelga general y su represión es otro conflicto que amenaza con poner en jaque al gobierno central. La decisión del Gobierno de eliminar un subsidio para la compra de combustible ha sacado a la calle a miles de personas y algunos observadores ven en este movimiento, tal vez prematuramente, un reflejo de lo que ha ocurrido en el norte de África durante 2011.

El detonante ha sido la citada exención, que ha paralizado al país y puede llegar a cerrar las explotaciones petrolíferas. Y es ahora cuando la mayoría ha constatado la corrupción endémica que afecta a las elites políticas, militares y empresariales del país, y que tienen una especial incidencia en el sector petrolero.

Las reformas económicas de corte neoliberal han permitido unas cifras macroeconómicas que sitúan a Nigeria entre los estados con un notable crecimiento económico. Sin embargo, la fotografía real muestra enormes tasas de pobreza y desempleo, escasa esperanza de vida al nacer y constantes conflictos laborales, además de tensiones y conflictos violentos de carácter interétnico e intracomunitario adquieren dimensiones muy preocupantes.

Igual que en otros lugares, en Nigeria «no es la economía la que se ha politizado, sino la política la que se ha economizado». La militarización y privatización de la política han constituido una de las caras de esa política de reformas en el país, unida a la corrupción, que sigue apostando por «privilegiar la acumulación capitalista a costa del bienestar de la población».

Las llamadas cuatro Cs (crisis, corrupción, conflictos y contradicciones sociales) son la marca de las citadas reformas neoliberales. Contra esa realidad se han lanzado a las calles los principales sindicatos y otros movimientos y grupos políticos y sociales, que se han topado con la violenta respuesta del Gobierno causande de varias muertes.

Es más que evidente que los actuales dirigentes nigerianos se han alineado con el FMI y, en ese sentido, destacan las declaraciones del gobernador del Banco Central del país, que ha señalado ante las protestas populares, que «la gobernabilidad no es un concurso de popularidad. Si el Gobierno decide hacer algo que cree beneficioso para la población, a pesar de que sea a través de medidas severas, debe seguir adelante, independientemente de su popularidad».

El poder nigeriano se ha mostrado incapaz de asegurar a su población el acceso igualitario a la ciudadanía, la representación política o los servicios sociales y materiales básicos. La sucesión de los citados conflictos y ese otro abanico de enfrentamientos que se dan en el delta del Níger u otras regiones del país, y que sólo entre 1999 y 2010 ha costado la vida de más de 15.000 personas, sitúan al gigante africano ante un peligroso precipicio.

Como señalaba un académico local, Nigeria es «la imagen de un Gobierno rico, ciudadanos pobres, sin progreso, repleto de conflictos y sometido a las contradicciones de las imposiciones neoliberales».