El impacto de la multitudinaria manifestación que el sábado pasado recorrió, a duras penas, las principales arterias de Bilbo, ha sido tan grande que su eco ha marcado casi por completo la agenda política durante toda la semana. Es más que una frase hecha aquella que sostiene que una imagen vale más que mil palabras, y la movilización en favor de los presos y presas políticas vascas dejó mil imágenes para la posteridad. Es lógico, por tanto, que la situación de los represaliados haya centrado discursos y editoriales, que esta vez no han tenido más remedio que rendirse ante la evidencia. 110.000 era el número de personas que GARA estimó que respondieron a la convocatoria de Egin Dezagun Bidea, y lo cierto es que en pocas ocasiones la capital vizcaina se ha sentido tan pequeña.

Conscientes de la magnitud del evento, y de la pluralidad que lo caracterizaba, los primeros en salir a los medios fueron los líderes del PNV y del PSE, Iñigo Urkullu y Patxi López, respectivamente, quienes apenas unas horas después de la marcha asumieron la necesidad de que la política penitenciaria cambie de estadio y se sitúe en parámetros de solución. Ambos saben que una gran mayoría de la sociedad vasca cree necesario que se den pasos sustanciales en esta materia, y que las demandas de los convocantes, que tan burdamente ha querido tergiversar el consejero de Interior Rodolfo Ares son ampliamente compartidas. Así lo admitió el lehendakari desde Madrid. Después, todos los agentes de este país se han posicionado sobre este tema, y también el Ejecutivo español, que ha querido sacudirse la presión de mano de sus ministros de Interior y de Justicia.

Sin embargo, tal como señala el Colectivo de Presos Políticos Vascos en el comunicado que publica hoy este diario, tanto Madrid como París se saben cuestionados en su estrategia. EPPK explica que está dispuesto a seguir dando pasos, pero insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que abandone el intento de buscar soluciones individuales cuando los propios gobiernos imponen unas medidas de excepción generalizadas a todo el colectivo. Los presos consideran que sería una irresponsabilidad no abordar una solución democrática integral. Está claro, sin embargo, que los estados no actúan en clave de solución: en la tarde de ayer se conoció que tres presuntos miembros de ETA habían sido detenidos.

Un año desde el alto el fuego de ETA

Ambos estados pretenden condicionar así una agenda que ya no controlan y cuyos ritmos siguen marcándolos aquellos agentes que apuestan por un cambio de ciclo en Euskal Herria. Mientras tanto, el resto apenas acierta a navegar contracorriente y tratar de poner el mayor número de obstáculos posibles al cambio. Es evidente que a algunos les está costando adaptarse a un escenario que no entraba en sus planes pero, quieran o no, por mucho que maniobren en sentido contrario, este ha llegado para quedarse. Algunas actitudes, como las que protagonizan los estados español y francés, pero también algunos sectores de este país, chocan frontalmente con lo que demanda la ciudadanía vasca y parecen cada vez más un intento de retardar lo inevitable, de resistirse a un cambio que la sociedad sí ha interiorizado.

En este contexto, esta misma semana se ha cumplido el primer aniversario del anuncio en el que ETA decretó un alto el fuego permanente, general y verificable por la comunidad internacional. El cambio que se ha producido en este país, en todos los ámbitos, es innegable. Y a la vista de en qué dirección se han dado esos cambios puede afirmarse que el anuncio de la organización armada, al que siguió el histórico pronunciamiento del 20 de octubre, dio un gran impulso al proceso que pretende conducir a este pueblo a un marco de paz y democracia. Un proceso que, no olvidemos, parte del convencimiento de la izquierda abertzale de que era necesario cambiar de paradigma para superar el bloqueo que había impuesto la estrategia de los estados. Lo expresó Arnaldo Otegi hace casi tres años cuando dijo que la izquierda abertzale no nació para resistir, sino para vencer. Hoy, quienes perdida la batalla política apenas tienen otra estrategia que la de resistirse al cambio, son otros.

Queda camino por recorrer

Sin embargo, aún costará alcanzar un escenario en el que todos los derechos de este pueblo sean respetados. Los estados español y francés disponen todavía de herramientas suficientes para hacer sufrir a la sociedad vasca y obstaculizar su camino. La situación de los presos y presas, las detenciones o la vulneración de los derechos civiles y políticos que todavía padece un amplio sector de la ciudadanía son ejemplo de ello. Así lo demuestra la situación de Ekaitz Samaniego, joven gasteiztarra condenado a ocho años de cárcel por su actividad política y detenido ayer por la Ertzaintza. Queda por tanto camino por andar para construir esa nueva Euskal Herria que desgraciadamente no han podido ver Blanca Antepara y Txillardegi. Hacer realidad su sueño es un compromiso que ha adquirido este pueblo.