El encuentro que mantuvieron ayer en Leioa Rodolfo Ares y Jorge Fernández Díaz estuvo precedido por unas declaraciones inesperadas, aunque no sorpresivas, del ministro del Interior, quien el lunes retorció hasta el límite un hecho habitual en Euskal Herria como son las cuestaciones en favor de los presos políticos y sus familiares, para sostener que ETA está recaudando fondos para fortalecer su estructura y tratar de sembrar dudas sobre el cese definitivo de la actividad armada por parte de esa organización. Tras su encuentro con el consejero de Lakua, no rectificó e incluso quiso presentar como una «contradicción» con el histórico anuncio del 20 de octubre el hecho de que ETA siga existiendo.

El ministro español sabe que lo que ha dicho en los últimos días no se corresponde con la realidad, igual que conoce el compromiso de la organización armada y la dimensión estratégica de su decisión. La discrepancia que mostró ayer con Ares al respecto fue elocuente. Obviamente, ETA y sus militantes no se han evaporado, siguen existiendo. Pero no está de más recordar que ha sido el Gobierno quien se ha negado a entablar un diálogo sobre las consecuencias del conflicto, como le demandaron los firmantes de la Declaración de Aiete. Igual que hace un año se negó a verificar el alto el fuego -y luego el cese definitivo-, que llevó a la constitución de una comisión internacional que se encuentra estos días en Euskal Herria. Fernández Díaz no hace sino seguir la estela de su predecesor. Por eso, miente también cuando atribuye a ETA la situación que viven los prisioneros, ya que son los estados español y francés los únicos responsables de llevar sus condiciones de vida hasta el extremo y vulnerar su propia legalidad para impedir que muchos de ellos salgan libres.

Madrid recurre a la intoxicación porque no tiene argumentos para defender una política que va en contra de lo que demanda la comunidad internacional, lo que exige la sociedad vasca y, también, lo que dicta la lógica de cualquier proceso resolutivo. Miente porque se sabe políticamente débil en un contexto en el que la única violencia es la que ejercen los estados.