El Gobierno de Gasteiz recurrirá las medidas de austeridad en la administración pública aprobadas por el Ejecutivo español el pasado 31 de diciembre por considerar que las mismas, recogidas en un Real Decreto-Ley, «invaden» competencias propias de la CAV en lo relativo a las aportaciones a los planes de pensiones de los empleados públicos.

Unas aportaciones, gestionadas mediante la entidad de prestación social voluntaria (EPSV) Itzarri, a las que Lakua destinó más de 53 millones de euros durante el año 2011.

En rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, explicó que el Gobierno de Patxi López ya cuenta con las conclusiones del informe jurídico que Lakua encargó realizar para analizar la aplicación de las citadas medidas, impuestas con carácter de urgencia por el Gabinete de Mariano Rajoy.

Según explicó Mendia, dicho informe evidenció que hay cuestiones de aplicación básica, como la supresión de las aportaciones a planes de pensiones durante el año 2012, que están «claramente invadiendo» competencias autonómicas, excediendo las competencias del Estado español.

Por ello, la portavoz de Patxi López anunció que el Gobierno al que representa tiene previsto presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. «En lo relativo a nuestras competencias, presentaremos los recursos pertinentes», señaló.

Informe en Nafarroa

Una situación que también se dará en en Nafarroa, donde la Junta de Portavoces del Parlamento dio el pasado lunes luz verde por unanimidad a una propuesta de Bildu para que la Cámara elabore un informe similar al de la CAV para determinar si los recortes impuestos por Madrid suponen, o no, una vulneración sobre las competencias de la Comunidad Foral.

El objeto del citado informe, según explicó el portavoz abertzale, Maiorga Ramírez, es determinar cuál es el ámbito de protección que el Amejoramiento navarro ofrece a la ciudadanía respecto a las medidas que plantea el Gobierno del PP.

En opinión de Ramírez, los servicios jurídicos del Parlamento de Iruñea van a determinar la necesidad y la obligación que tienen UPN y PSN de importar y aplicar las medidas de austeridad en la administración pública propuestas por el Gobierno español.

«Un elemento transcendental en el debate político y económico, porque es evidente que las medidas que diseña el PP en Madrid van en contra de los derechos sociales de la ciudadanía, ya que van a traer más paro», concluyó.