Baltasar Garzón fue nuevamente juzgado ayer, esta vez bajo la acusación de vulnerar la Ley de Amnistía de 1977 por haberse declarado en 2008 competente para investigar cerca de 114.000 «desapariciones forzosas» ocurridas durante el golpe de Estado de 1936 y el franquismo.

Suspendido desde mayo de 2010 de sus funciones en la Audiencia Nacional española, el mediático magistrado, reconocido a nivel internacional por ordenar en 1998 la detención del dictador chileno Augusto Pinochet y procesar a militares argentinos, puede ser condenado a 20 años de inhabilitación por «prevaricación».

Vestido con toga negra y semblante serio, Garzón no se sentó en el banquillo de los acusados, sino que lo hizo junto a su defensor, que solicitó el sobreseimiento de la causa aludiendo a la «doctrina Botín», según la cual la acusación popular no es suficiente para sostener una causa cuando la Fiscalía no presenta acusación alguna. Solo Manos Limpias y Libertad e Identidad han presentado cargos contra Garzón.

«El delito de prevariación, además, no se encuentra entre aquellos que puede sostenerse por una acusación popular», insistió el letrado.

Asimismo, pidió la nulidad de todas las actuaciones del juez instructor, Luciano Varela, por considerarlas improcedentes.

Incidió en que ninguno de los escritos presentados por los acusadores cumplía las exigencias legales mínimas, por lo que ambas partes deberían haber sido dadas por «decaídas» y el procedimiento archivado.

Por su parte, el fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, también pidió el sobreseimiento de la causa en base a la misma doctrina. Alegó que la acusación popular es «incapaz» de abrir en solitario el procedimiento y que su presencia en la causa es «meramente adhesiva. Solo tiene facultades de apertura del procedimiento si se ve acompañada por el fiscal o la acusación particular».

En la misma línea que la defensa, calificó de «radicalmente nulas» algunas resoluciones dictadas por Varela por haber vulnerado derechos fundamentales de Garzón y haberle dejado en «una clara situación de indefensión». Criticó que se minusvalorasen las cuestiones esgrimidas por la defensa, catalogándolas como «fuegos de artificio».

«La actuación del magistrado instructor, utilizando un verbo moderado, fue verdaderamente insólita por provenir de un miembro de la carrera judicial y por sus consecuencias», destacó. Sostuvo que la actuación de Varela consistió en «reconstruir lo que era irreconstruible».

Navajas apoyó la recusación de cinco jueces alcanzada por la Sala del 61 para evitar la repetición del «bochornoso espectáculo» que se desató cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó al Estado español indemnizar al juez Javier Gómez de Liaño porque tres magistrados del tribunal enjuiciador intervinieron en casos del instructor.

Manos Limpias, que dijo respetar a las víctimas del franquismo, defendió el «interés público» de este proceso y los «indicios de criminalidad» para condenar a Garzón.

Tras esta primera sesión, los siete magistrados tienen hasta el próximo día 31 para deliberar sobre estas cuestiones. Si las aceptan, el juicio se puede acabar aquí. De lo contrario, las audiencias se reanudarán el martes con la declaración de Gar- zón, a la que seguirán, hasta mediados de febrero, las de los más de 20 testigos de la defensa, principalmente familiares de las víctimas del franquismo.

El caso tuvo un amplio eco entre organismos de derechos humanos internacionales.

El consejero jurídico de Human Rights Watch, el estadounidense Reed Brody, denunció que «es la primera vez en una democracia consolidada, y la primera vez en la Unión Europea, que se procesa a un juez por investigar crímenes contra los derechos humanos». «El hecho de que un juez esté asustado, tema ser castigado por abrir una investigación de esta naturaleza, es tremendamente pernicioso para la democracia», añadió el juez venezolano Pedro Nikken, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidente de la ONG Comisión Internacional de Juristas.

Para el consejero jurídico de Amnistía Internacional, el argentino Hugo Relva, «este caso afecta a la independencia del poder judicial de España» y es «un acto de amedrentamiento».