«A mi abuela la llamaban `la pasionaria de Asturias'. Fue violada, torturada y murió completamente amoratada. A mi abuelo, Amador Álvarez, lo fusilaron el 17 de marzo de 1939 y lo enterraron en una fosa en Pozobal. Garzón investigó estos sucesos». El relato de De Lorenza, realizado a las puertas del Tribunal Supremo español, explica la adhesión recibida por el magistrado estrella ante el juicio iniciado ayer por declararse competente para investigar la represión franquista. A su lado, una amiga reconocía que «sabemos que busca la noticia, pero es el único que ha investigado los crímenes del franquismo». Ser investigado por abrir un sumario sobre fosas comunes ha convertido a Garzón en un símbolo para muchos de los afectados.

Entrados en años

Junto a los rostros conocidos, alrededor de 300 personas, muchas de ellas entradas en años, que portaban carteles contra la impunidad del franquismo y alguna bandera republicana. Personas como Mari Carmen García de Winglet, nieta de Leandro García, ejecutado en Madrid en 1940, y que no tuvo noticias de que su abuelo había sido asesinado hasta el pasado mes de abril. «Luchamos porque queremos que se haga justicia, protestamos contra un Tribunal que ampara la impunidad», señaló García de Winglet, que nació en el Estado francés después de que sus padres tuviesen que exiliarse huyendo de la persecución.

Muchos de los congregados ayer frente al Supremo han pasado décadas de penurias invisibilizados. Quizás por este motivo, las referencias a la responsa- bilidad de Garzón en vulneraciones de los derechos humanos en Euskal Herria se encuentran con un silencio incómodo. Aunque, en realidad, la mayor parte de sus consignas no se dirigían a ensalzar al magistrado, sino a reivindicar la memoria de los represaliados. «Verdad, justicia y reparación, ni olvido ni perdón», coreaban frente a un cordón policial que aprovechó la excusa del tráfico para importunar a los manifestantes. De hecho, un hombre fue multado después de que un agente le insultara y otro le amenazara por no permanecer en la acera. «Llevamos toda la vida delante de estos», se resignó tras recibir la sanción.

A las 10.30 horas, con Garzón ya sentado en el banquillo, los congregados improvisaron una marcha hasta la entrada principal del Alto Tribunal. «La justicia yace enterrada en una cuneta», protestaba uno de los carteles exhibidos frente a los agentes que cortaron el paso. Por la tarde volvieron a concentrarse, esta vez en la Puerta del Sol. Aunque, como señalaba García de Winglet, el objetivo es combatir la impunidad. Y para ello, miran más hacia María Romilda Servini, la jueza argentina que ha solicitado informes.