Ni las administraciones públicas ni el sistema financiero han llegado a una solución directa para detener la sangría que suponen los desahucios para aquellas personas que se quedan en el desempleo o sin recursos con los que hacer frente a las costosas hipotecas que contrajeron en época de bonanza. Desde 2007 a setiembre de 2011 -falta el último trimestre de 2011 por contabilizar-, se han producido en Hego Euskal Herria un total de 7.379 ejecuciones hipotecarias. En los nueve primeros meses de 2011 fueron 1.334.

A estos casos hay que sumar las personas que acuden a prestamistas ante la situación acuciante que padecen por la falta de ingresos económicos. El año pasado el caso más significativo fue el de los propietarios del caserío Kukullaga Goikoa en Berango, donde gracias a la intervención de EHNE y del Ayuntamiento de esa localidad vizcaina se logró un acuerdo para el pago de una cantidad importante -unos 200.000 euros- por una deuda que contrajeron sus ancianos propietarios con un prestamista para mejorar la cubierta del caserío. Este trató de quedarse con el caserío hasta que se cerró el acuerdo.

El mismo prestamista fue denunciado ante la Ertzaintza en Getxo por Aitzol Landaburu, sobrino de P.M.I., de 63 años, que perdió su vivienda con garaje porque «habría contraído una deuda con el prestamista y no habría pagado en plazo», cuando su sobrino explicó que «desconocía ese préstamo». Se quedó sin vivienda y la denuncia se presentó en verano.

No son las únicas, porque Kontxi Puente, del barrio bilbaino de Rekalde, también está sufriendo una situación similar con el mismo prestamista. «Soy de Rekalde de toda la vida y me convertí al Islam. El caso es que mi suegro, que vive en Marruecos, necesitaba una atención médica y pedimos a los bancos una cantidad de 10.000 euros, pero me la negaron», explicó a GARA.

Entonces acudió a una agencia de prestamistas, pero al final apareció el protagonista de Berango y Algorta. «Firmé, pero una parte no me la dieron. Me quedé con 8.000 euros. Tengo que devolver 21.000 euros y el plazo se cumple en julio de este año». Hace aproximadamente un año, «estando en Marruecos, recibí en casa una citación del Juzgado por impago. Me llamó mi hijo».

Resulta que «el piso de Rekalde es de mi marido y mío, pero el aval que se realizó fue frente a un piso en una calle donde ni vivo ni tengo propiedad. De esa manera quieren ejecutar el aval de mi piso de Rekalde por impago. Estoy en paro y no nos han dado ni un duro todavía desde agosto en Bienestar Social». El engaño, como explica Kontxi Puente, es importante y, por su cuenta, está investigando no sólo al prestamista, «sino también a algunos de sus colegas». La realidad es que tiene a su cargo dos hijos y que por «una operación irregular y que tiene que ver con la estafa» se puede quedar sin su piso actual.

Según indicó a GARA, está removiendo lo que puede, pero «es una lucha desigual. Porque muchos mencionan al prestamista como un hombre de cuidado, pero nadie hace nada para que nadie salga perjudicado». Esta situación le ha obligado a una medicación estricta para «dormir y descansar», porque lleva «un año dando vueltas ante este problema que se me viene encima».

Hoy, a las 13.00 en Gran Vía 23, en la sede vizcaina de Kutxabank, la plataforma Stop Desahucios ha convocado un encuentro, porque dos de sus integrantes, Marta Uriarte y Amaia Goikoetxea, se van a presentar ante las oficinas para buscar una salida a la ejecución de sus viviendas. Amaia está divorciada y tiene un hijo a su cuenta. Gana 509 euros al mes. «Con esta cifra difícilmente puede hacer frente a los pagos de la hipoteca que tiene reconocida desde que se divorció y su marido no paga la misma», indica la plataforma. Junto a Marta Uriarte, que también tiene una ejecución hipotecaria en los juzgados, realizará «una propuesta a Kutxabank para que Amaia pueda permanecer en el domicilio con un alquiler». En cuanto a Uriarte harán otra propuesta porque «podría hacer frente al pago de su hipoteca, pero Kutxabank no cede de ninguna de las maneras y sigue pidiéndole 20.000 euros en garantía o el aval de otra vivienda».