EA irá al TC si no se pide un informe de legalidad del cambio en las cajas
El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, pidió ayer formalmente a la Mesa que solicite un informe sobre la legalidad de suspender los procesos electorales en las cajas de ahorro a través de una enmienda a la Ley de la Autoridad Vasca de la Competencia, con la que no tiene nada que ver. EA sostiene que el Tribunal Constitucional considera ilegal esa fórmula que, además, vulnera los derechos de los parlamentarios. Si no se pide el informe, recurrirá al TC.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
PNV, PSE y PP consumaron ayer en el Parlamento de Gasteiz la suspensión de los procesos de renovación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro previstos para marzo y abril, y la prórroga del mandato de los actuales cargos hasta que se apruebe la nueva Ley de Cajas. La paralización de las elecciones se realizó con una enmienda que añade una disposición adicional a la Ley de la Autoridad Vasca de la Competencia.
En opinión de EA, Aralar y Ezker Anitza este procedimiento es irregular, porque se admite una enmienda que no tiene nada que ver con la ley que se discutía y porque, además, el procedimiento de hacerlo en el pleno, cuando ya se ha culminado todo el trámite de la ley, impide a los parlamentarios el debate práctico o la posible modificación del mismo.
El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, pidió durante su intervención que la Mesa solicitara un informe de la legalidad del procedimiento a los servicios jurídicos de la Cámara, puesto que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que considera ilegales este tipo de tretas. La Mesa ni siquiera respondió a la petición del parlamentario y fueron los portavoces de PNV, PSE y PP, impulsores del cambio, quienes aseguraron que todo es legal.
Finalizado el debate, en cuya votación no tomó parte, Agirrezabala registró ante la Mesa una solicitud formal de informe de legalidad de la decisión adoptada y pidió que «hasta conocer las conclusiones de ese informe se proceda a dejar en suspenso la tramitación» de la enmienda.
En caso de que la Mesa no pida el informe jurídico, el parlamentario de EA aseguró estar dispuesto a recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional, puesto que no solo considera que la maniobra es ilegal, sino que además vulnera los derechos de los parlamentarios puesto que la fórmula empleada, como sentencia el TC, hace «imposible la presentación de alternativas y su defensa».
Los grupos proponentes insisten en la legalidad de su movimiento. El PSE tiene incluso un estudio propio realizado el 31 de enero, cuando GARA publicó que el TC había anulado decisiones del Senado adoptadas con ese procedimiento, que le confirma que todo es correcto.
Ante estas afirmaciones, Juanjo Agirrezabala insiste en que «si es legal, no debieran tener ningún impedimento para pedir el informe jurídico y si los servicios de la Cámara corroboran la legalidad, no hay más que hablar. Lo que ocurre es que saben que esto no es legal».
Retrasar la entrada de Bildu
Tanto EA como Aralar mostraron su convicción de que el aplazamiento de la renovación de los órganos de las cajas pretende evitar su adecuación al nuevo mapa institucional surgido de las elecciones municipales y locales de mayo de 2011 y, especialmente, a la entrada de Bildu en esos órganos.
Todavía no se sabe cuándo se aprobará en el Parlamento la Ley de Cajas que desbloquearía el proceso, por lo que la renovación puede aplazarse sin límite, ya que de la última redacción de la enmienda desapareció la salvaguarda que fijaba la prórroga en un máximo de seis meses.
Este periodo es muy importante porque es el que las actuales direcciones utilizarán para la puesta en marcha y consolidación de Kutxabank.
PNV, PSE y PP niegan que la intención sea impedir el acceso de nadie a los órganos. Según su versión, lo único que se pretende es evitar que ahora se haga una renovación de esos órganos y que cuando se apruebe la Ley de Cajas haya que volver a poner en marcha un nuevo proceso de renovación.
La enmienda se presentó a votación solo en castellano, lo que provocó la protesta de Aralar.
El portavoz del PNV en materia económica, Ricardo Gatzagaetxebarria, manifestó ayer en el pleno que habían sido las propias cajas de ahorro las que habían pedido al Gobierno de Lakua y a los grupos parlamentarios que paralizaran sus procesos de renovación para no tener que afrontar los trabajos y las gestiones de dos elecciones en el plazo de unos pocos meses. Habló concretamente de que las cajas se tendrían que dirigir a 7.800 impositores.
Aseguró Gatzagaetxebarria que el Gobierno creyó no tener la posibilidad de paralizar el proceso por su cuenta, por lo que se recurrió a esta fórmula parlamentaria.
Antón Damborenea, del PP, precisó que, en su opinión, bastaba una orden del consejero, que tiene «la tutela legal» de las cajas para paralizar la renovación de los órganos de gobierno, pero que los letrados del Ejecutivo consideraron que hacía falta una ley.
Llamativamente, el argumento del PP para la paralización no es que se acumulen dos procesos electorales, sino que el actual, cuando concluya, podría ser ilegal de acuerdo a la nueva legislación, por lo que sería «un proceso absurdo».
Los proponentes del cambio, PNV, PSE y PP, insistieron en que lo que se hacía con el movimiento de ayer es solucionar un problema en un «estado de necesidad». Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya aclaró en la sentencia que anuló una maniobra similar que «desatender los límites constitucionales bajo el paraguas de la urgencia normativa no deja de ser una lesión constitucional por mucho que pueda parecer conveniente coyunturalmente». I.I.
