La Audiencia Nacional deniega la libertad provisional a Txus Martín
Pese a padecer un grave trastorno esquizo-afectivo con componente delirante, el preso político basauriarra Txus Martín continuará en prisión preventiva. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional española, que no encuentra una relación entre la patología del represaliado, que permaneció aislado durante cinco años en las cárceles del Estado francés, y su continuidad tras los muros de la prisión de Zabaia.
Ion SALGADO | GASTEIZ
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española denegó el pasado día 27 la libertad condicional al preso político basauriarra Txus Martín, encarcelado en la prisión alavesa de Zabaia pese a padecer un grave trastorno esquizo-afectivo con componente delirante.
En un comunicado, Etxerat, que fue quien informó ayer de la decisión judicial, cargó contra los motivos esgrimidos por el tribunal, que rechaza la petición de libertad alegando que la situación actual de Martín es «estable». Además, los jueces consideran que el preso político vasco está «médicamente controlado a través de las dosis» determinadas por los médicos del penal; y no evidencian nexo alguno entre la enfermedad sicótica y el hecho de haber permanecido los últimos ocho años de su vida en prisión de manera preventiva.
Los argumentos esgrimidos por la Audiencia Nacional chocan frontalmente con la opinión de la familia y la abogada del represaliado, que ayer volvieron a denunciar la grave situación en la que se encuentra. Tal como señalaron, en la solicitud de libertad provisional, presentada por la letrada Eukene Jauregi, se detalló que la situación de Martín ha empeorado durante los últimos meses, ya que la prisión «agrava» su enfermedad.
En el mismo sentido, en el texto presentado ante el tribunal, la letrada defensora criticó los informes elaborados por los médicos del Ministerio de Interior. «Los informes de la prisión no reflejan la realidad, es más, dichos informes dicen que ha mejorado el estado de salud de Martín», destacó por su parte el colectivo de familiares.
En la citada solicitud, Jauregi incidió en que no hay ninguna posibilidad de fuga debido a su situación médica, ni existe riesgo de otro delito por la nueva situación abierta en Euskal Herria. En declaraciones a GARA, la abogada criticó que los magistrados no han tenido en cuenta estos factores y han preferido seguir el dictamen estipulado en los informes médicos solicitados por la Fiscalía.
Movilización en Galdakao
Convocada por Herri Bilgune, anoche se llevó a cabo una manifestación en Galdako para reclamar la puesta en libertad de Txus Martín. En ella participaron unas 250 personas.
En defensa de los derechos de las presas y presos políticos vascos, ayer también se llevaron a cabo movilizaciones en Eibar, 80; en Burlata, 97; Arrosadia, 19, Donibane, 57; Txantrea, 62; Iturrama, 68; y 50 en Lekeitio, donde rechazaron la extradición de Liher Rodríguez. Desde Gallarta denunciaron que la Ertzaintza entró el martes en el local de Arrigorriaga Kultur Elkartea para retirar fotos de los presos y ayer volvieron para ver si habían sido repuestas.
Los familiares de Martín han solicitado un escáner para que se le realice un diagnóstico integral. La petición ha sido rechazada por el tribunal especial, lo que sus allegados consideran «incomprensible».
La abogada del preso político basauritarra continúa exigiendo los informes de la Secretaría General Penitenciaria desde el Estado francés. Documentos a los que no han tenido acceso los médicos de confianza.
Un artículo que establece la obligación de que las personas condenadas cumplan sus penas en el centro penitenciario más próximo a su domicilio familiar fue aprobado el miércoles por el Senado francés. Este artículo, impulsado por el grupo comunista que preside Nicole Borvo Seat-Cohen, había sido integrado como anexo en el texto de la ley sobre ejecución de penas después de su paso en comisión.
Este último texto va mucho más allá que el aprobado por la Asamblea Nacional hace unos días, ya que establece que, en caso de que no se respete el principio de cercanía, el Estado asumirá los gastos de desplazamiento y alojamiento de las familias.
No obstante, estos dos textos no son todavía definitivos. La ley aprobada en el Senado (con mayoría de izquierda) va a ser tratada en una comisión paritaria compuesta por siete senadores y otros tantos diputados, antes de ser sometida a la Asamblea Nacional (donde la derecha es mayoritaria) para su aprobación definitiva.
De hecho, diputados de la UMP, impulsora de la norma, han manifestado que, a través de sus enmiendas, la Cámara alta «ha desvirtuado totalmente el contenido de la ley» que, entre otros puntos, propugna la construcción de nuevos centros penitenciarios con una capacidad de 24.000 plazas.
En cuanto al artículo aprobado en la Asamblea Nacional en el marco de la ley Gondolfi, todavía le quedan varios trámites parlamentarios. Deberá pasar por el tamiz del Senado, en cuyo orden del día no figura todavía, y después de las modificaciones de este volverá a ser tratada en la Cámara baja. Arantxa MANTEROLA
