Se intuye el pasmo de cualquiera de los miembros de la Comisión Internacional de Verificación, bregados en procesos de resolución mucho más complejos de conflictos bastantes más duraderos y dramáticos que este, cuando escucha al ministro de Interior español decir que «una forma de visualizar el final de ETA sería ver unas cuantas armas en una campa del País Vasco». ¿Está seguro Jorge Fernández Díaz de que ese es un escenario final factible, previsible y, más aún, deseable? En la misma entrevista, el ministro de Interior, que lleva un mes bailando la yenka sobre el carácter definitivo del cese de la lucha armada de ETA (que sí, que no), se descolgaba ayer con otras frivolidades como «no creo que ETA acuda al registro de asociaciones políticas» o «hay un plus de pena para las familias de los presos, pero eso no se lo plantean cuando están en la clandestinidad». En el campeonato de ocurrencias supera ya a su compañero de gabinete Alberto Ruiz Gallardón, que dejó caer anteayer que, por poder, la nueva prisión permanente revisable también se podría imponer a los vascos.

Nadie soñaba con un giro radical del PP en el minuto 1 de este nuevo tiempo. Tampoco se preveían decisiones fulminantes ni movimientos decididos. Pero sí se espera un ápice de seriedad, un punto de sentido común y un mínimo de madurez.