Alvaro Uribe dejó la Presidencia de Colombia, pero no el poder. Desde las redes sociales sigue intentando influenciar la política colombiana en un momento delicado para el país, en el que frente al tono belicista del presidente, Juan Manuel Santos, la sociedad civil, capitaneada en gran medida por el movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz, reclama cada vez con mayor fuerza una salida dialogada al conflicto armado, el más antiguo de Latinoamérica.

Pero tanto Santos como su mentor, Uribe, se aferran a recetas del pasado, recetas que hablan de represión, de desprestigio de los defensores de derechos humanos, de negación del conflicto y que suponen un aval para la guerra sucia practicada desde el propio Estado.

El ya desactivado Departamento Administrativo de Seguridad, más conocido por sus siglas DAS, es un buen ejemplo de la infiltración de los paramilitares en las más altas esferas del poder. Este servicio de inteligencia interno formado en los años 70 espió a periodistas, a movimientos sociales y sindicales y hasta a jueces de la Corte Suprema y Constitucional. Sus informes fueron utilizados para cometer crímenes de lesa humanidad, ya fueran en forma de desaparición forzada, de torturas, de hostigamiento o de registros extrajudiciales.

La Corte Suprema condenó a 25 años de prisión al exdirector del DAS Jorge Noguera, nombrado directamente por Uribe, por haber filtrado a grupos paramilitares información secreta para que estos cometieran los crímenes. No es el único alto cargo condenado. El también exdirector José Miguel Narváez está acusado de homicidio mientras que su última directora, María Pilar Hurtado, salpicada por un escándalo de escuchas ilegales, huyó a Panamá, donde sigue refugiada.

El lunes, Uribe arremetió contra quienes desde Colombia exigen su extradición en contra de la posición del Gobierno panameño. Uribe les acusó de «desafiar» a Panamá y de «tener lazos con la guerrilla», un viejo y manido argumento, que en nada favorece los esfuerzos de la sociedad por dar una salida al conflicto en clave política y de derechos.