Lakua lleva a la fiscalía irregularidades por 23 millones
Jáuregui nombró y Mendia premió a la directora de Lakua que pagó trabajos no hechos
El Gobierno pone en manos de la Fiscalía pagos irregulares por valor de 23 millones de euros en trabajos informaticos que contrató Inmaculada de Miguel y nunca se acabaron o ni se iniciaron
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El Gobierno de Lakua destapó ayer un caso de irregularidades por valor de 23 millones de euros en contratos del Departamento de Justicia en las dos anteriores legislaturas, pero se preocupó muy mucho de tapar el nombre y el cargo de la persona que había firmado dichos contratos, a pesar de que este diario se lo requirió durante la rueda de prensa.
La alegación genérica a «contratos informáticos del Departamento de Justicia, entre los años 2000 y 2009» apuntaba directamente a un caso de irregularidades cuando el consejero era Joseba Azkarraga, de EA.
GARA ha tenido acceso a conclusiones de la investigación desarrollada por el Gobierno, en las que se asegura que «la orden de abono» de los pagos provenía de la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia, «promotora de la contratación», «contando las distintas facturas con la firma de su directora, Dña. Inmaculada de Miguel Herrán».
Esta persona fue nombrada para el cargo el 6 de junio de 1995 por Ramón Jáuregui, entonces consejero de Justicia y notable dirigente del PSOE. Y continuó en el puesto con su sucesor, Francisco Ejea, también del PSE. Sabin Intxaurraga y Joseba Azkarraga, de EA, la mantuvieron como directora, hasta que con la llegada del Gobierno de Patxi López fue sustituida y nombrada directora de relaciones sociales, estudio y modernización del Ararteko.
Las empresas lo reconocen
Idoia Mendia explicó en rueda de prensa que ninguno de los expedientes analizados -que serían trece- está ejecutado a fecha de hoy, y algunos ni siquiera se han iniciado a pesar de estar ya pagados en plazo. «Es decir, con dinero público se han pagado sistemáticamente trabajos no realizados», explicó.
Además, por los plazos extremadamente cortos que se daban, se puede concluir que las empresas sabían de antemano que iban a ser contratadas «o ninguna de las partes tenía intención de realizar lo contratado, por lo que dicha contratación no era sino una mera justificación formal para obtener financiación».
La actual consejera y portavoz explicó que cargos de su departamento se reunieron con las empresas adjudicatarias para garantizar la continuidad del sistema informático y que en esos encuentros reconocieron «la falta de ejecución de muchos de los trabajos contratados y su cobro íntegro».
Sin embargo, Mendia se negó a informar de cuáles habían sido las explicaciones que les habían ofrecido estas empresas para justificar su actitud, unos datos que resultan claves para conocer exactamente qué tipo de irregularidades estaba denunciando el Ejecutivo. Adujo la consejera que esos datos estaban en poder de la Fiscalía.
Sí señaló Mendia que las firmas se habían comprometido a terminar los trabajos para los que fueron contratadas.
Tras su cese, Inmaculada de Miguel recibió de manos de la propia Idoia Mendia el premio Manuel de Irujo 2009 que concede el Departamento de Justicia. La consejera le felicitó en el acto de entrega por «haber dado lo mejor de sí misma para modernizar y dignificar nuestro sistema judicial», y se deshizo en muchos otros halagos a los «catorce años de servicio público» en su puesto.
El monto total de contratos de estos servicios informáticos es de unos 60 millones, de los que 23 han ido a parar a trabajos no finalizados o ni iniciados, según han recogido las propias empresas. Esto es un 38% del total.
Lakua asegura que muchas de las aplicaciones informáticas han sido contratadas y pagadas varias veces, bien en sucesivos contratos, bien a través de facturas emitidas por conceptos ya recogidos en expedientes anteriores.
En los expedientes pagados por la anterior directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel, figuran la devolución de los avales ofrecidos por las empresas, lo que indica la conformidad con el trabajo ejecutado, aunque nunca se hizo.
En cuanto el Gobierno dio a conocer este caso de irregularidades, Eusko Alkartasuna pasó a estar en el ojo del huracán y en todo momento estuvo dispuesta a tomar las medidas internas pertinentes. Por la tarde, emitió una nota en la que exigía que «se llegue hasta el final en la investigación». Anunciaba además que «no descarta personarse como acusación particular y proponer la creación de una Comisión de Investigación en el Parlamento Vasco».
La nota señala que EA parte de la confianza que «siempre ha depositado en las personas que le han representado en las distintas instituciones públicas y de la presunción de inocencia que se debe de anteponer en estos casos». Pero al mismo tiempo recuerda que sus militantes «firman un código ético» al tomar posesión de sus cargos públicos «en el que se comprometen a tener un comportamiento escrupulosamente honrado y responsable con los fondos públicos». Por ello, el partido pide que se aclaren los hechos, y en caso de confirmarse las irregularidades, asegura que exigirá responsabilidades.
Joseba Azkarraga, por su parte, remitió ayer una carta a Idoia Mendia en la que defiende que todos los contratos que realizó su Departamento pasaron los controles de la Administración, y expresó su disgusto por cómo se ha proyectado desde el actual Ejecutivo un «halo de sospecha» injusto. I.I.
