FINANZAS PÚBLICAS
Lakua niega que esté en quiebra y asegura tener 627 millones en caja
El consejero de Economía de Lakua, Carlos Aguirre, negó que la situación financiera del Ejecutivo esté en peligro de «quiebra inminente», como declaró el viernes Iñigo Urkullu, y aseguró que a 31 de enero de 2012 tenía una situación de tesorería «normal», con 627 millones de euros en caja. Por ello, acusó al presidente del EBB de poner en riesgo la estabilidad presupuestaria del Ejecutivo y de «lanzar un torpedo en la línea de flotación de las finanzas vascas».
GARA | GASTEIZ
Al término del Consejo de Gobierno, Aguirre compareció ante la prensa para explicar la situación de las cuentas del Ejecutivo autonómico y explico que, a falta de cerrar las cuentas del año pasado, el ejercicio de 2011 plasmará una caída de ingresos de 1.000 millones de euros respecto a lo previsto, pese a lo cual el Ejecutivo habría logrado un ahorro de unos 600 millones.
Según Aguirre, el Ejecutivo tenía a 31 de enero un saldo de tesorería de 627 millones, una cantidad que se vería incrementada en otros 514 millones si se tuviera en cuenta el remanente de las sociedades públicas.
Tras dar a conocer los datos, el consejero pidió formalmente una rectificación pública de sus declaraciones a Urkullu e insistió en que el Gobierno de Lakua no tiene «facturas en el cajón ni gastos desplazados».
El consejero fue muy crítico con el presidente del PNV, al que acusó de «lanzar un torpedo en la línea de flotación de las finanzas vascas» y recalcó que con sus «frívolas palabras», Urkullu ha lanzado una «bomba mediática que ha generado incertidumbre y ha producido un enorme daño a la solvencia exterior de Euskadi», pese a que el PNV tenía «información puntual» sobre la situación.
Llegó a preguntar a Urkullu si con su actitud buscaba que los vascos tengan que pagar más por su deuda exterior al «comparar la situación de Euskadi con la de Grecia».
Preguntado por el déficit definitivo en 2011, el consejero reconoció que «seguro» sobrepasará el 1,3% previsto, aunque puntualizó que todavía es precipitado dar una cifra ya que no está cerrada la contabilidad.
Al detallar las previsiones de ingreso y gasto de su Ejecutivo para el primer semestre de este año, señaló que entre los ingresos contempla disponer de 1.162 millones de euros de saldo de tesorería acumulado (648 millones en caja a 31 de diciembre más los 514 millones del remanente de las sociedades públicas), más 276 millones de la deuda recientemente colocada, otros 440 de la primera emisión de deuda de este año y 4.250 millones de euros de las aportaciones de las diputaciones.
Frente a estos 6.120 millones de euros de ingresos, contempla afrontar unos gastos por valor global de 5.000 millones.
El consejero defendió la gestión del actual ejecutivo de Gasteiz de «austeridad y control de gasto», frente al anterior que, según dijo, en el último año completo de la pasada legislatura, el 2008, gastó 837 millones de euros más de lo que ingresó.
Recordó que el Consejo Vasco de Finanzas previó en octubre de 2010 unos ingresos para el pasado ejercicio de 12.500 millones, con lo que se elaboraron los presupuestos de ese año, pero finalmente esos ingresos se van a quedar en 11.480 millones.
El consejero de Economía también negó que la Administración autonómica tenga problemas de liquidez y explicó que entre el 12 y el 31 de diciembre pasados hizo 18.910 operaciones de pago por un valor total de 1.116 millones de euros.
Tras afirmar que «no parece que eso sea bloquear pagos», Aguirre añadió que en enero el Gobierno ordenó 7.219 operaciones de pago a proveedores por valor de 335 millones de euros.
En la polémica suscitada entre Lakua y el presidente del EBB terció ayer el representante de EA en el Parlamento autonómico, Juanjo Agirrezabala, quien exigió que se explique en la Cámara «en qué situación» económica se encuentra la CAV, ya que este tipo de asuntos no pueden ser tratados mediante «llamadas personales». En este sentido, criticó la postura «incorrecta» tanto del Ejecutivo de López como de Iñigo Urkullu.
Agirrezabala insistió en que esta cuestión debe abordarse con «luz y taquígrafos» de manera que sea «el Parlamento el que lo sepa. No puede ser que llamadas personales telefónicas, que se enmarcan en lo privado, creen estas alarmas a nivel social», aseguró.
La Diputación de Gipuzkoa calificó ayer de «alarmistas» las previsiones económicas anunciadas la pasada semana por Adegi y subrayó que es la Construcción el sector que aún no ha concluido su proceso de ajuste, lo que está impidiendo un mayor desarrollo del resto de sectores.
La portavoz foral, Larraitz Ugarte, se refirió así a las negativas perspectivas económicas que maneja Adegi, cuyo presidente, Eduardo Zubiaurre, dijo que Gipuzkoa entrará en recesión en 2012 y criticó la falta de una política decidida de apoyo a la actividad económica por parte de la Diputación que gobierna Bildu.
La portavoz foral aseguró que la realidad «no es tan alarmista como plantea Adegi», ya que las cifras «no llevan a pensar» que la situación es más preocupante en Gipuzkoa que en el resto de la Unión Europea.
«Efectivamente, hay una crisis, que afecta a un montón de sectores como puede ser el de la Construcción, pero todavía tenemos una tasa de paro (9%) que comparada con la media europea (10%) es relativamente baja», añadió Ugarte.
En cuanto al recorte de la inversión en obras públicas, planteó que el propio sector de la Construcción «estaba sobredimensionado» y recordó que «ha habido una burbuja tanto inmobiliaria como de inversiones en el sector de la construcción, toda la economía ha estado basada en la Construcción y entendemos que eso tampoco es una receta para que un país, un territorio, funcione de una manera adecuada».
Consideró además «una barbaridad» que Adegi diga que la Diputación guipuzcoana no tiene un nivel de endeudamiento muy alto, y recordó que la institución foral ha tenido que tomar la decisión de «parar con el endeudamiento que teníamos, porque eso nos llevaba a una tendencia hacia Grecia».
«No coincidimos en el análisis ni en las recetas», sentenció Ugarte, quien se mostró crítica con la propuesta patronal que, a su juicio, es aplicar «más de lo mismo».
Ugarte cree que Adegi «tiene que hacer su trabajo, que es aportar en esta situación de crisis, hablar de margen de beneficios, consolidar los derechos de los trabajadores y generar empleo estable» y tendrá que ver «cómo tiene que plantear medidas en ese sentido».
«Adegi tiene que estar a eso y nosotros a defender al sector público y a ayudar al tejido empresarial a que haya un empleo estable, se genere más trabajo y pueda revertir económicamente», zanjó Ugarte.
Precisamente, el Departamento de Hacienda de la Diputación hizo público ayer el último informe sobre la situación de las empresas no financieras guipuzcoanas, que indica que sus ventas crecieron un 0,4% en 2011, fundamentalmente por el aumento de las exportaciones (+12,3%), ya que las ventas interiores descendieron un 4,7%.
Por sectores, aumentaron las ventas de Industria (+2,9%), Servicios se mantuvo (+0,50%) y fue Construcción la que se desplomó un 19%. En este sector, los salarios también cayeron un 11,5% frente a los incrementos en Industria (3,8%) y Servicios (2,1%).
Entretanto, el PSE pidió ayer la comparecencia urgente en Juntas Generales de la diputada de Hacienda, Helena Franco, para que explique la situación en la que se encuentran los ayuntamientos de cara a la devolución del Fondo Foral de Financiación Municipal. J.S.
El portavoz de la Diputación de Bizkaia, Juan María Aburto, negó ayer que esta institución se encuentre en una situación de «dificultad», tal y como afirmaron dirigentes del Gobierno de Lakua ante la solicitud de aplazamiento del primer pago del año de 110 millones de las aportaciones al Ejecutivo autonómico, y aseguró que, «desde el punto de vista financiero y presupuestario», Bizkaia está en una situación «absolutamente normalizada».
En la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Gobierno foral, Aburto explicó que este tipo de aplazamientos son «habituales» y se producen «todos los años» y matizó que en el caso de Bizkaia se trata de un aplazamiento de diez días, del 5 al 15 de febrero, de un pago de 110 millones de euros, un hecho «estrictamente técnico» porque la Diputación «en febrero solo ha recaudado el mes de enero y tiene que pagar los dos meses».
Añadió que las arcas forales deben ingresar todavía 70 millones de euros que les debe Lakua por la liquidación de las aportaciones de 2011, además de otros «aproximadamente 70 millones de euros» que por la vía del Cupo debe el Ejecutivo central, y de 13 millones por la aplicación de la Ley de Dependencia.
«Con los 70 millones de euros que nos debe el Gobierno, más los 83 millones que nos tiene que ingresar el Estado ya estamos en cifras superiores al aplazamiento solicitado», resumió Aburto, quien lanzó un mensaje de tranquilidad sobre la situación financiera de la Diputación vizcaina.
Aburto respondió también a las declaraciones de Patxi López, quien se mostró preocupado por los casos de elusión fiscal detectados en los anteriores gobiernos forales de Gipuzkoa, y dijo que estas declaraciones son «impropias» e «indignas» de un cargo institucional. Además, acusó al lehendakari de «irresponsable» ya que «pretende crear un estado de opinión de permisividad que es mentira». GARA
