UPN, PSN y PP aprueban la reforma del IRPF tras rechazar todas las enmiendas
El pleno del Parlamento aprobó ayer la reforma del IRPF planteada por el Gobierno para 2012 y 2013 con los votos a favor de UPN, PSN y PP, que rechazaron todas las enmiendas de Nafarroa Bai, Bildu e I-E. Estos últimos denunciaron que los cambios benefician a las rentas más altas.
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La reforma tributaria se produce un día después de hacerse público el informe de los servicios públicos del Parlamento que determina que Nafarroa «está facultada para regular autónomamente su IRPF, porque goza de esta potestad». El consejero de Economía, Álvaro Miranda, se encargó de diferenciar esta reforma de la del Estado, señalando que conlleva «un mejor tratamiento fiscal», aunque la oposición le reprochó que beneficia a las rentas más altas y a las rentas de capital.
La subida, que se aplicará ya en las nóminas de febrero, deja como están hasta ahora, sin ninguna subida, las retenciones para bases imponibles de hasta 3.805 euros (13%), y a partir de ahí, aplica un recargo del 0,5% para el segundo y tercer tramo (22,5% hasta los 8.499 euros y 25,5% hasta los 17.526 euros). Este tramo, en el que se incluye el 63,5% de los contribuyentes, es el único en el que la retención es superior a la del Estado, donde se ha fijado en el 24,75%. A partir de ahí, las tarifas son alrededor de un punto inferiores a las del Estado español. El tipo máximo quedará en Nafarroa en el 49%, cinco puntos por debajo del máximo del conjunto del Estado (54%).
El Parlamento aprobó también una subida de retenciones a las rentas de capital, en este caso entre un 2 y un 6%, menor también a la acordada por el Gobierno español. Así, para bases imponibles de hasta 6.000 euros, la tarifa sube un 1% y queda en el 20%; entre 6.000 y 24.000 euros tributarán al 24% después de una subida del 3%; y para bases imponibles superiores a 24.000 euros se sube un 5%, hasta el 26%.
El consejero de Economía, que defendió este recargo «temporal» del IRPF como «un esfuerzo compartido» para mantener los servicios públicos, señaló que permitirá a la Hacienda Foral ingresar en un año 60 millones de euros más, cantidad que no se utilizará para aumentar los gastos, sino para compensar posibles pérdidas de ingresos.
«Avance tímido»
Desde la oposición, Juan Carlos Longás (NaBai) indicó que la reforma es «insuficiente». «El avance en la progresividad es tímido y al final no se tocan las rentas más altas», aseguró, para criticar, además, que la estrategia del Ejecutivo es «ocultar la situación económica real y de ir pasito a pasito destapándola». No le pareció la «manera más seria» de elaborar la reforma porque «lo hacen otros».
Maiorga Ramírez, de Bildu, reprochó al Gobierno que «si han traído esta reforma es porque han querido» y rechazó como falso que en Nafarroa «sea obligatorio aprobar las medidas del PP». Por ello, acusó al Ejecutivo de que «solo sabe obedecer» y de ahí, en su opinión, que la presidenta no hubiera intervenido en el pleno del Parlamento desde su toma de posesión.
Respecto al contenido de la reforma, señaló que «son medidas de la derecha», que saldrán aprobadas «con los votos de UPN, PP y del PSN. Lo que pretenden -añadió- es quitar de sus nóminas a los trabajadores y los mayores beneficiados son las rentas más altas», subrayó.
Desde las filas de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin criticó que el Gobierno foral va «a rebufo» del Ejecutivo español pero «dos carriles más a la derecha. Las rentas más altas y las rentas de capital tienen un tratamiento más beneficioso que en el Estado», expuso, para señalar que este IRPF es «más injusto y recauda menos» que el del Estado.
La subida, que se incluirá ya en las nóminas de febrero, aplica recargos de entre 0,5 y 5 puntos para las bases imponibles a partir de 3.805 euros, mientras el tipo máximo quedará en el 49%, cinco puntos por debajo del máximo del Estado (54%).
El pleno del Parlamento rechazó también ayer, con los votos en contra de UPN y PSN, la abstención del PP y el voto a favor de NaBai, Bildu e I-E, la toma en consideración de una proposición de ley de NaBai para regular los sueldos y dietas de los cargos políticos y de las personas designadas para desempeñar responsabilidades públicas.
El primer paso, según explicó el parlamentario Txentxo Jiménez en defensa de la iniciativa, sería que nadie tenga más de un sueldo y que la cuantía del mismo no pueda ser ajena a la situación actual, igual que se deben establecer cuantías máximas para dietas en función de qué institución las paga, sin superar nunca el SMI ni el 10% del sueldo que tenga el perceptor.
Eradio Ezpeleta, de UPN alegó que el Ejecutivo trabaja en la ley de transparencia que abarcará estos y otros aspectos, y Maite Esporrín (PSN) señaló que los Presupuestos de 2012 ya han fijado todas las retribuciones, por lo que la iniciativa «no tiene sentido». Ana Beltrán (PP) consideró que la iniciativa de NaBai es «excesivamente reglamentista». GARA