El ortuellarra Patxi Gómez, detenido ayer en Bilbo, había cumplido en 2002 la condena que le impuso la Audiencia Nacional. Sin embargo, un año después esta ordenó su reingreso en prisión. A finales de 2009 la propia Audiencia Nacional resolvió que ya había cumplido su condena. Pero, tras 20 años de cárcel, el ensañamiento con el exprisionero no había terminado. Poco después, el Tribunal Supremo decidió prorrogar por diez años más su tiempo de prisión, lo que provocó un rechazo generalizado, cuya muestra más significativa fue la moción que rechazaba dicha ampliación de condena aprobada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Ortuella.

Patxi Gómez llevaba dos años en libertad y, a pesar de la la resolución del Supremo, había mostrado su voluntad de no esconderse; dos años de vida pública y comprometida con la necesaria resolución democrática que reclama Euskal Herria. Su detención es un claro exponente de la dinámica represiva del Estado español y muestra de una persecución extrema. Si su primer reingreso en prisión resultó incomprensible en cualquier lógica democrática y respetuosa con los derechos de todas las personas, este nuevo apresamiento lo es más aún, por su carácter vengativo y gratuito, y además porque ocurre en un momento que exige movimientos en un sentido totalmente opuesto. Evidencia que la forma en que el Gobierno de Madrid pretende enfocar el nuevo ciclo político abierto en este país es el mantenimiento de una postura que choca frontalmente no solo contra cualquier lógica resolutiva, sino también contra la voluntad de la mayoría de los vascos, claramente decantada por un nuevo escenario para el que el primer paso es poner fin a todo sufrimiento.

El Gobierno español no parece dispuesto a ello y se esfuerza en demostrarlo con su actitud irresponsable, que discurre en dirección contraria a la que exige la sociedad vasca. Madrid parece optar por el peor camino; sin embargo, la meta seguirá siendo la que decida este pueblo.