El Tribunal Supremo ha condenado a Baltasar Garzón a once años de inhabilitación por autorizar la intervención de las conversaciones que mantuvieron en prisión varios imputados del «caso Gürtel» y sus abogados. La sentencia, aprobada por unanimidad, supone la pérdida de la condición de juez del todavía titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. No encontrará el condenado en Euskal Herria muchas personas que lamenten su suerte.

Garzón, cómodo en su papel de juez estrella, ensalzado durante años como azote del independentismo vasco, se ha mostrado siempre solícito y maleable ante los intereses políticos del poder Ejecutivo, y siempre ha tenido claro que la razón de Estado estaba muy por encima de los criterios judiciales. En sus años en ese tribunal que es heredero del TOP franquista, ha servido diligentemente a los gobiernos del PSOE y del PP. Imposible olvidar aquel «acaso pensaban que no nos íbamos a atrever», que José María Aznar lanzó desde Turquía cuando este mismo juez comandó el cierre de «Egin». Son demasiados los vascos que le han conocido en persona y han sufrido sus arbitrariedades. Su condena, probablemente, tiene también un componente político. Pero no tiene por ello razones para asombrarse, y menos para enfadarse. Solo ha encontrado la horma de su zapato.