Los euskaldunes de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa recibieron ayer un nuevo revés por parte de los grupos unionistas presentes en el Parlamento de Gasteiz. Los parlamentarios de PSE, PP y UPyD sumaron sus votos para eliminar las sanciones lingüísticas previstas en la Ley de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias. Un texto donde se recogía el derecho individual a ser atendido en euskara en los diferentes comercios de la CAV y la obligación de garantizar el trato en el idioma nacional si el cliente lo solicitara.

Como en todas las leyes, la obligación de atender en euskara a las personas euskaldunes estaba acompañada de un componente sancionador con el que garantizar su cumplimento. Ahora, tras aprobarse la eliminación de las multas, queda por conocer cómo espera Lakua garantizar los derechos lingüísticos de todos aquellas personas que desean utilizar el euskara en su vida cotidiana.

Esta pregunta fue formulada hace seis meses por el secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao. Entonces, el 16 de junio, emplazó a PSE, PP y UPyD a aclarar qué era lo que pretendían hacer para garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores euskaldunes. «Hoy nos han dejado claro que no lo han tenido en cuenta», lamentó ayer en la Cámara.

Como subrayó, esta importante modificación de la ley «perpetúa» la vulneración de los derechos lingüísticos en los tres herrialde. «El Parlamento de Gasteiz ha decido dejar sin valor los derechos de los consumidores euskaldunes. La decisión que han tomado es un gran retroceso», señaló.

Bilbao advirtió de que los partidos encargados de aprobar la «vergonzosa» decisión intentan marginar del ámbito socioeconómico a las personas que quieren vivir en euskara, «en nuestra propia lengua». A este respecto, el responsable de Kontseilua rechazó las excusas presentadas por el parlamentario del PP Iñaki Oyarzábal, que trató de justificar la eliminación de las sanciones apelando a la privacidad vinculada al mundo empresarial. «No estamos hablando de ámbito privado, sino del ámbito socioeconómico que presta un servicio público», puntualizó con enfado.

Del mismo modo, Paul Bilbao criticó los argumentos presentados por el PSE, que, en boca del parlamentario Vicente Reyes, se presentó ante el Pleno como garante de un «consenso lingüístico roto» durante la pasada legislatura. Una visión que choca con la última modificación aprobada ayer, que no recibió un apoyo unánime, ni mucho menos.

Sanción en Canarias

La medida no fue bien recibida entre los grupos que conforman la oposición. Desde EA, su parlamentario, Juanjo Agirrezabala, afirmó que la aprobación de la modificación supone una «vulneración» de derechos y un retroceso en el fomento del euskara como lengua.

Por su parte, Mikel Basabe (Aralar) puso ejemplos de otras leyes similares a la aprobada durante la pasada legislatura. Entre ellas, cabe destacar un decreto redactado por el Gobierno de Canarias, en el que se obliga a todos los hosteleros a garantizar la atención en castellano. Esta medida, parecida a la aprobada por el PSC en Catalunya o por el PP en el País Valencià, fue aplicada en una ocasión, imponiendo una multa de 600 euros al gerente de un establecimiento.

En el mismo sentido, la parlamentaria del PNV Garbiñe Mendizabal defendió la antigua redacción del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, y manifestó que este no tenía por objeto poner a una lengua por encima de otra. «Solo quería garantizar los derechos de los euskaldunes», añadió.

Además, la parlamentaria jeltzale auguró que, en el caso de hacerse con la Lehendakaritza tras la próxima cita electoral en la CAV, el PNV volverá a restituir las sanciones económicas contra las empresas y los establecimientos que no garanticen la atención en las dos lenguas oficiales.