El 86% de las empresas del Ibex 35 tiene presencia en paraísos fiscales
El 86% de las empresas más grandes y selectas que cotizan en el Ibex 35 cuenta con presencia activa en paraísos fiscales. Son 30 compañías. En plena crisis han aumentado un 66,6% las empresas que han establecido centros activos en esos paraísos fiscales, ajenos a las haciendas públicas, según explicó el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en la presentación del octavo informe consecutivo que analiza una actividad cada vez menos transparente.
Juanjo BASTERRA |
El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa presentó ayer en Madrid el octavo informe referido a 2010 sobre las empresas más grandes y selectas que cotizan en la bolsa española a través del Ibex 35. Siguen presentando una falta de transparencia e irregularidades que se incrementan con el paso del tiempo.
Así, 30 de las 35 compañías poseen empresas participadas en paraísos fiscales. Son Abengoa, Abertis, Acciona, Acerinox, ACS, Arcelor Mittal, Banesto, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander, Criteria, Endesa, FCC, Ferrovial, Gamesa, Gas Natural, Grifols, Iberdrola, Inditex, Mapfre, OHL, Red Eléctrica, Repsol, Técnicas Reunidas, Telecinco y Telefónica.
Orencio Vázquez, responsable del observatorio, confirmó que, en plena crisis, las grandes empresas han incrementado su presencia en paraísos fiscales, lugares opacos a las haciendas públicas. Según los datos que aportó, el 86% de las cotizadas en el Ibex 35 cuenta con «presencia activa» en los paraísos fiscales. Son 30 compañías, un 4% más que en 2009 y un 66,6% más que al inicio de la crisis económica, ya que en 2008 fueron 16 compañías activas en los paraísos fiscales.
El informe destaca que esta situación se produce en un contexto en el que los ciudadanos sufren duros recortes en salarios y prestaciones sociales para reducir el déficit público y en el que, en 2010, las familias españolas aportaron a Hacienda un 11,5% de sus ingresos, frente al 9,9% de las cotizadas.
Ante ello, Vázquez remarcó que «es imperativo que distintos actores de la sociedad, pero en especial las administraciones públicas y supervisores, recapaciten sobre la necesidad de repensar y reformular los sistemas de transparencia». A su juicio, «no se puede seguir dejando al albur comportamientos ilegítimos, irresponsables e ilegales por parte de distintos actores empresariales e institucionales».
El informe destaca que el 85% de las compañías cuenta con cláusulas de blindaje para sus directivos principales. El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa cita a la CNMV para confirmar que «un total de 31 empresas, dos más que en 2009, cuentan con esas cláusulas, que benefician a 251 miembros de la alta dirección».
En principio, cuentan con una retribución media de 754.000 euros, lo que representa un 7,4% de más sobre el año anterior» y confirma que «la retribución media de un alto directivo de una sociedad importante ascendió a 6,8 millones».
Orencio Vázquez criticó que «lo que antes se destacaba como una preocupación por parte de los reguladores, se manifiesta ya como confirmación de casos evidentes de desequilibrio salarial que se produce en las grandes compañías». A su juicio, esta situación es «especialmente grave en el actual contexto de aguda crisis, que coloca en ocasiones a algunas empresas en situaciones de pérdidas financieras, expedientes de regulación de empleo sobre los trabajadores, mientras que las direcciones disfrutan de unas retribuciones muy favorables».
En el amplio análisis del estudio de las empresas del Ibex 35, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa refleja que está apareciendo en estas empresas «otra variable del riesgo» como es el crecimiento del comercio electrónico, aunque también es una oportunidad. «Así, ya se habla del agujero que están creando las tiendas on line de algunas empresas en el volumen de recaudación de impuestos de algunos estados, debido a la ubicación de las sociedades encargadas de la facturación de estas 0tiendas en países considerados paraísos fiscales y a la falta de desarrollo normativo y regulador que dé respuesta a esta nueva realidad».
Esa situación provoca, a juicio del Observatorio, «un impacto negativo en el volumen de impuestos recaudado a través del Impuesto de Sociedades, así como sobre el IVA». En este caso, no pone nombres a las empresas que estarían beneficiándose de esta situación.
Sin embargo, Orencio Vázquez destacó que «estas estrategias financieras se traducen en un comportamiento irresponsable por parte de la empresa, al no colaborar proporcional a su beneficio mediante el pago de impuestos, no aportando justamente a los recursos públicos necesarios para el desarrollo de políticas públicas eficaces». También confirmó que estas situaciones pueden llevar a competencia desleal «al no verse repercutido el impuesto en el precio final».
El informe también reconoce la vulneración de derechos laborales, la falta de negociación colectiva e, incluso, habla de la explotación de niños en algunos casos. J B.
