El ministro de Interior español, Jorge Fernández, confirmó ayer la negativa de Instituciones Penitenciarias a finalizar la aplicación de las medidas de excepción a las que los presos políticos vascos se encuentran sometidos. Lo hacía el mismo día en el que GARA publicaba una entrevista con el lehendakari Patxi López, quien hablaba de consensos sociales que incluyen el cambio de política penitenciaria. El PP, así, deja claro que es el único partidario de mantener esa política penitenciaria excepcional, en consonancia con el mensaje de dureza que ha transmitido en el Congreso de Sevilla.

En primer lugar, llama la atención que el ministro del Interior denomine «fraude de ley» a las peticiones de finalización de unas medidas creadas ad hoc para castigar a un colectivo a cuyos miembros les fueron impuestas por los jueces condenas que no las contemplaban. Unas medidas aplicadas además colectivamente, haciendo más insostenible aún la afirmación de que son presos como los demás. El verdadero fraude de ley es, por tanto, la aplicación de esas medidas o a la exigencia de unas condiciones no contempladas en la ley para acceder a unos derechos que en modo alguno se pueden considerar medidas de gracia. Las solicitudes fueron apoyadas por el Colectivo de Presos y Presas Políticos vascos, si bien fueron cursadas de forma individual, y curiosamente la respuesta, en boca del ministro del Interior, está dirigida a todo el colectivo.

Resulta incomprensible el mantenimiento de una política penitenciaria que desde su comienzo desmentía esa supuesta «superioridad democrática» de las instituciones españolas. Ahora, cuando la violencia que por medio de ese tratamiento penitenciario decían combatir ha desaparecido, resulta más incomprensible, al menos según la lógica de sus promotores. Sin embargo, sí es fácil de interpretar, pues se revela claramente como un instrumento al servicio de los intereses políticos quienes se han desgañitado repitiendo que la violencia como medio para lograr objetivos políticos en ningún caso es legítima. Y deja más claro, si cabe, el carácter de rehenes políticos de los presos y presas vascos.