Hay quien piensa que no se puede erradicar la corrupción, que ésta forma parte de la naturaleza humana. Somos corruptibles, y el contacto con el poder nos corrompe. En consonancia con esta creencia, nadie estaría inmune. De ser un fenómeno predecible y consustancial a regímenes autoritarios y democracias vigilantes, la corrupción, tanto activa como pasiva, ha pasado a ser un riesgo y una amenaza bastante extendida, actualmente, en el sector público.

Ausencia de transparencia en lo relativo a las cuentas y procedimientos públicos, sin rendir cuentas; tráfico de influencias; favoritismo; colocación de la clientela de cada cual; intereses creados; desvíos; adjudicaciones a socios y amigas, prevaliéndose de subterfugios pseudolegales; abusos de ciertas modalidades contractuales sin sometimiento a publicidad... Todos estos manejos y desmanes desacreditan a la democracia y horadan la credibilidad de los servicios públicos, ante una ciudadanía cada vez más desesperanzada y desencantada.

No me atrevo a afirmar, sin matices, que existe cierto grado de coincidencia entre la percepción de la corrupción política y el ascenso de la extrema derecha en Europa, ya que no es algo espontáneo. Lo paradójico es que sea precisamente la extrema derecha la que esté haciendo de la lucha contra la corrupción su caballo de Troya. ¿Cómo es posible que la(s) izquierda(s) haya(n) permitido que quienes profesan el desprecio más absoluto por la democracia, y practican el amedrentamiento, se conviertan en los principales defensores de la transparencia y la probidad públicas, siendo ambas la base fundamental de la legitimación del poder democrático?