Los hornos, las acerías y multitud de sistemas de producción han utilizado el amianto como elemento básico para aislar el calor, pero las empresas no han aplicado las medidas de seguridad para la prevención de la salud de los trabajadores. Organismos oficiales, como Osalan, Seguridad Social y las propias mutuas, en las vistas judiciales y en jornadas específicas se sitúan del lado de las empresas porque, según quieren hacer creer, se desconocía el efecto maligno del amianto. Sin embargo, la doctrina del Tribunal Supremo nos lleva a 1941 y a posteriores decretos donde se previene frente al peligro del amianto y de otras sustancias, conocido desde 1908 por investigaciones que se realizaron en Londres.

El problema se encuentra en que las empresas ni informaron ni pusieron las medidas de protección adecuadas a los trabajadores. Así pasó en la desaparecida Altos Hornos (AHV). Fue importadora de amianto entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado. Este fin de semana ha fallecido el extrabajador Modesto Martín por un mesotelioma pleural, una variedad de cáncer.

No es el primero en esa empresa. Sus factorías de Barakaldo y Sestao han provocado mucho sufrimiento. No hace mucho el Juzgado de la Social nº 4 de Bilbo asumió la demanda de la viuda de un trabajador metalúrgico contra la Tesorería General de la Seguridad Social y la entidad AHV-Ensidesa Capital SA -sucesora de la siderúrgica Altos Hornos de Vizcaya-, por el que condena a ésta a pagar un recargo de prestaciones del 30% por ausencia de medidas de seguridad en AHV. Esto incidió en la enfermedad profesional del mesotelioma desarrollada por Francisco Javier de Castro Esteban, fallecido en octubre de 2007.

Un nuevo caso en la planta de Irun

Con el fallecido este fin de semana suman ya cinco extrabajadores muertos por amianto en lo que llevamos de año. Desde 2008, según los datos que aporta la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie), son 74 fallecidos por este mineral cancerígeno.

Por otro lado, ayer se conoció que Osalan «ha reconocido por primera vez» la enfermedad profesional por amianto de Joaquín Arruabarrena, muerto el pasado 21 de octubre, por su exposición laboral a la sustancia cancerígena en su puesto de calderero-montador desde 1946 hasta la jubilación en 1995. CCOO denunció que «este primer cáncer profesional en la planta de CAF en Irun, pone al descubierto, la amplia exposición laboral al amianto, sin información del riesgo, ni prevención alguna al peligro cancerígeno».

Jesús Uzkudun, responsable de Salud Laboral de CCOO-Euskadi, dijo que «ha quedado demostrada la evidencia de la nula voluntad de CAF para inscribir en el Plan de Vigilancia sanitaria postocupacional a todos los trabajadores que décadas atrás estuvieron directa o indirectamente expuestos al amianto». La empresa, con sede social en Beasain, cuenta con 53 fallecidos por enfermedades producidas por el amianto. De ellos, 19 en Beasain, 1 en la planta de Irun y 33 más en la planta de Zaragoza.

Fechas clave, según el Supremo

El Tribunal Supremo hace una recopilación de la doctrina y determina que hay 17 órdenes y resoluciones desde 1940 hasta 1993 que las empresas tendrían que haber puesto en práctica. Pero, además, deberían de ser de conocimiento de los organismos oficiales que, en teoría, están para proteger al trabajador y para hacer que se cumpla la legislación en materia de prevención laboral.

Cita la orden de 31 de enero 1940 sobre la necesidad de que el aire de locales de trabajo y anexos «se mantendrá en un grado nocivo de pureza tal que no resulte nocivo a la salud personal». En 1941, otra orden, distinguía a las industrias donde se desprendía polvo mineral o metálico «capaz de producir afecciones neumoconiósicas». En la orden de 10 de enero de 1947 se fija el seguro de enfermedades profesionales y se cita expresamente la asbestosis, una patología derivada de forma directa del amianto. El 26 de julio de 1957 se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los menores, y tacha de nocivos al «asbesto (amianto)», centrado en «los talleres donde se desprenda liberación de polvos». En 1961, también. En 1963, se concretan las normas sobre asbestosis y reconocimientos médicos previos. En 1971, la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo «establece como obligación del empresario en adoptar cuantas medidas fueran necesarias en orden a la más perfecta organización y plena eficacia de la debida prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores al servicio de las empresas». Establece la prevención a espacios con polvo.

En 1978, se reconoce el carcinoma como derivado de la inhalación de polvos de amianto. Más tarde, en 1982 se establecen límites de exposición de «dos fibras por centímetro cúbico» y «nunca superar la de 10 fibras por centímetro cúbico». En 1983 se detallan más, hasta que en 1984 se aprueba el reglamento específico sobre trabajos con riesgos por amianto, aunque un año antes ya se prohibió el uso del «amianto en cualquiera de sus formas o preparaciones para el tratamiento filtrante o clarificador de sustancias alimentarias y materias primas».

En 1986, una orden intensifica el control médico postocupacional. Incluso el Estado español firmó el Convenio 162 de la OIT sobre condiciones de seguridad en la utilización del amianto y lo ratificó en 1990. En 1993 se transpuso la normativa comunitaria en la que se prohíbe el amianto azul y se reducen las fibras admisibles. Pero hasta 2002 no se prohibió el amianto.