Mensualmente, miles de personas que han sido utilizadas, por quienes se han enriquecido, como mano de obra barata están pasando por los espacios oscuros del estado: comisarías, centros de internamiento para extranjeros, etcétera. Para que esto ocurra, las policías locales, autonómicas y estatales han recibido instrucciones para dedicarse no solo a recaudar más dinero con las multas, sino que también, tal y como se ha constatado por diversos organismos internacionales, a establecer controles racistas deteniendo a las personas por tener determinados rasgos étnicos o idiomáticos. Para que esto ocurra, las instituciones ponen cada vez más trabas para extender el derecho a la ciudadanía a quienes en otro momento nos interesó que formaran parte, siempre en condiciones de inferioridad, de nuestra sociedad.

Esta actividad o, mejor dicho, esta política de caza y captura del inmigrante para su expulsión no es nueva y responde a un racismo institucional bien organizado. Es simplemente una de las formas de gestionar el clasismo en nuestra sociedad. Las política de persecución, reclusión y expulsión se endurece no con toda la población migrante, sino con aquella masa de migrantes que antes reclamó el mercantilismo como fuerza de trabajo precaria y, ahora, es tan solo excedentaria. Pero además, estas políticas policiales se complementan con políticas informativas para inculcar en quienes llegaron los últimos y han conseguido «asentarse» la idea de que «todo está muy mal» para que sirvan de canal de formación de opinión en sus países y eviten la tentación de que sus connacionales emigren hacia aquí.

Las consecuencias de estas políticas son nefastas para quienes las padecen y son, sobre todo, un factor de quiebra definitivo de los derechos básicos que habrían de asistir a toda persona. Uno de los muchos ejemplos que hemos de denunciar hasta que se cierren es la existencia de auténticos Guantánamos o «Centros de Internamiento para Extranjeros» (CIE), concretamente nueve, en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, donde cada año miles de hombres, mujeres y menores son recluidos para ser expulsados, viviendo durante largos periodos de tiempo en condiciones similares a una cárcel (sin haber perpetrado delito alguno), solo que sin las infraestructuras adecuadas por ser de «estancia temporal», enfrentándose a abusos, falta de asistencia médica y desamparo legal.

Estos centros cada vez están más hacinados y en ellos se han dado situaciones muy dramáticas como fruto de las condiciones de reclusión en las que se encuentran las personas en ellos confinadas: muertes, malos tratos y tortura, motines, etcétera. Pero estas personas no interesan a nadie. Les pase lo que les pase, el racismo institucional tendrá mecanismos para invisibilizarlo e incluso para perseguir a quienes lo denunciemos. Para el estado son basura social que hay que eliminar, expulsar o simplemente exterminar. No están registradas, no son reciclables, son prescindibles, hay que hacerlas desaparecer como sea.