El grupo parlamentario de Aralar solicitará en los tribunales la suspensión cautelar de la «Estrategia Energética 2020», diseñada por el Gobierno de Lakua, por carecer de la correspondiente evaluación de impacto medioambiental que exige la legislación del Estado español y de la Unión Europea.

El pasado 17 de febrero, Aralar presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la estrategia energética diseñada por el Ejecutivo de Patxi López porque la misma no incluía la evaluación de impacto ambiental y, si es admitido a trámite, pedirá la suspensión cautelar de dicho plan.

Así lo confirmó ayer en rueda de prensa el vicecoordinador de Aralar y parlamentario en la Cámara autonómica, Dani Maeztu, quien recordó que la exigencia de realizar informes de impacto ambiental en este tipo de planes se recoge en las directivas de las diferentes instancias institucionales presentes en Euskal Herria.

La Estrategia Energética 2020, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno de Lakua el pasado 13 de diciembre, prevé un ahorro de entre 4.000 y 5.000 millones de euros en los próximos diez años mediante medidas destinadas a la reducción del consumo y el incremento de las energías renovables. Entre otras actuaciones, el plan contempla una reducción del consumo de petróleo del 9% y que la cuota de las energías renovables se duplique desde el 7% actual al 14% en el año 2020.

Gas como transición

Sin embargo, en la estrategia energética de Lakua no figuran solo energías renovables, ya que en la misma el PSE apuesta por la extracción de gas mediante la fractura hidráulica (fracking). Una técnica criticada por el tejido asociativo alavés, que hace meses dio forma a la «Plataforma Fracking Ez Araba», con la intención de denunciar los problemas asociados a la explotación del gas.