En un momento en el que empiezan a caer las barreras físicas que han dividido las comunidades nacionalistas y protestantes en el norte de Irlanda, a los políticos norirlandeses también les ha llegado el momento de solventar esos llamados «flecos» del proceso político irlandés. Y una de las cuestiones claves a resolver es el limbo judicial en el que se encuentran los miembros del IRA y de las organizaciones paramilitares lealistas que desde 1998 esperan pacientemente una solución que les permita volver al norte de Irlanda desde aquellos países en los que se encuentran refugiados.

El Acuerdo de Viernes Santo, firmado el 10 de abril de 1998, ya establecía los plazos y procedimientos para la liberación de los presos políticos que se encontraban sirviendo sentencias en las cárceles británicas e irlandesas, cuya excarcelación finalizó en 2000, y que se encuentran en libertad bajo una licencia que puede ser revocada en cualquier momento si retoman actividades criminales.

Sin embargo, la dificultad durante ese proceso negociador, y los numerables encuentros posteriores, se centró en alcanzar un acuerdo aceptable para los unionistas que permitiera el regreso de aquellos que, con causas pendientes, condenados en ausencia o huidos de las cárceles, se encontraban refugiados en la República Irlandesa, Estados Unidos, o en otras jurisdicciones. Ahora, el hasta ahora defensor del pueblo ante la policía norirlandesa, el canadiense Al Hutchinson, ha reiniciado el debate. Hutchinson, que oficialmente ha abandonado su cargo pero permanece en funciones a la espera de la elección de su sucesor, aseguró que dada la imposibilidad de investigar todos los crímenes cometidos durante el conflicto norirlandés, una amnistía podría considerarse como una posible solución.

Claro está, esta sería una amnistía condicionada y limitada, porque aunque siguiendo la definición del término legal, establecería el perdón por ofensas cometidas, lo que sí es cierto es que impondría términos similares a los que se aplican a los presos liberados bajo el Acuerdo de Viernes Santo, cuya libertad está condicionada al respeto a la legalidad, y cuyo historial delictivo no ha sido destruido.

Víctimas

Hutchinson explicó que su propuesta quiere centrarse «en la necesidad de las víctimas y la sociedad», en oposición a procesos legales tales como los tribunales de investigación, que han servido para enriquecer a los abogados participantes, pero que Hutchison opina han «victimizado» a las víctimas.

El exdefensor del pueblo apuntó a que en cada caso, las víctimas del conflicto buscan una respuesta distinta del proceso legal -«algunos buscan la verdad, otros quieren reconciliación, otros venganza»-, y apuntó que son precisamente las víctimas las que deben definir el proceso de «amnistía», que tampoco podría aplicarse en todos los casos, ya que la legislación internacional impide que esta se aplique en el caso de asesinato y tortura, donde «el estado tiene una obligación de investigar». Hutchinson explicó que su propuesta debía entenderse desde un punto de vista práctico, ya que en la actualidad, el Equipo de Investigación Histórica de la policía norirlandés, creado en 2005, se encuentra con la tarea de reexaminar más de 3.000 casos relacionados con el conflicto norirlandés.

Precisamente, el secretario de estado británico, que ejerce como delegado del Gobierno de Londres en el norte de Irlanda, Owen Paterson, se encontró al principio de esta semana con políticos norirlandeses para revisar el trabajo del Equipo de Investigación Histórica. Su visita coincidió con un nuevo llamamiento de las familias de las once víctimas de la Masacre de Ballymurphy - en la que francotiradores del regimiento paracaidista británico hirieron de muerte a once civiles en esa barriada católica de Belfast en 1971- para la apertura de una investigación pública del suceso.

Desde Sinn Féin se ha propuesto la creación de una Comisión de la Verdad similar a la creada en Sudáfrica al final del apartheid, y que sirvió para afianzar el proceso de reconciliación después de décadas de conflicto racial y político, y que serviría para que los miembros de los grupos armados y de las fuerzas de seguridad esclarecieran sus actuaciones y se responsabilizaran por sus consecuencias ante sus víctimas.

En junio del pasado año, el presidente de Sinn Féin, Gerry Adams, reiteró el apoyo del partido republicano a la creación de una Comisión de la Verdad International Independiente, con el objetivo de establecer «la verdad sobre casos de connivencia formal e informal y el amplio deseo de muchas víctimas y familias por un proceso de recuperación de la verdad efectivo», a la vez que señalaba la disposición de los republicanos en participar en foros para establecer la verdad y dar las respuestas necesarias a las familias, ya que son conscientes «del daño y sufrimiento causado por el conflicto en nuestro país».

Ya entonces, Adams interpelaba a los gobiernos a propulsar la creación de esta comisión que investigue el grado y el patrón seguido en las actuaciones de grupos armados y fuerzas de seguridad, además de las causas y consecuencias, y que debe contar con la cooperación plena de todas las partes implicadas.

«Claro está que este proceso no será fácil», advirtió el líder republicano. «Existen intereses creados que no quieren la verdad y que se opondrán a la creación de un proceso de recuperación de la verdad significativo».

Y la oposición más frontal a esta iniciativa parte de los políticos unionistas.

Oposición unionista

A pesar de los cambios en la situación política norirlandesa, los unionistas se mantienen en una posición inamovible. El líder del DUP y primer ministro norirlandés, Peter Robinson, le expresó su desinterés y oposición a la creación de una Comisión de la Verdad independiente. Robinson aseguró que apoya cualquier iniciativa que facilite oportunidades a las víctimas de dar a conocer «su propia historia», que deberá ser archivada y presentada al público de manera que puedan «hacer sus propios juicios de valor», pero no cree que forzar un proceso legal complicado de «contrainterrogatorio» sea lo más adecuado.

La preocupación de Robinson se centra en la inmunidad que se podría conceder por las ofensas declaradas ante la comisión, y especialmente insistió en la posibilidad de que se juzgue a los responsables de las ofensas ya que «no se debe arrebatar a las personas el derecho a que se haga justicia», afirmó Robinson.

Aunque también se podrían adivinar cuestiones ideológicas y políticas más profundas, como la negativa unionista a reconocer su responsabilidad en el conflicto, donde quieren presentarse como víctimas a pesar de su participación directa o su incitación a la lucha armada.

Por su parte, el líder de la Voz Tradicional Unionista -escisión del DUP- Jim Allister, afirmó que durante su encuentro con Patterson, este le aseguró que se opone a una Comisión de la Verdad, «lo cual es bueno, porque será usada y abusada por aquellos incapaces de decir la verdad que quieren usarla para reescribir la historia».

Mitchel McLaughlin, diputado de Sinn Féin en la Asamblea de Belfast, considera que la principal dificultad de cara a una Comisión de la Verdad no es la oposición unionista, sino la falta de voluntad por parte del Estado británico, «que parece firme en que ninguna de sus agencias contribuya en el establecimiento de la verdad». «Ya vimos con la investigación del Domingo Sangriento cómo gastaron cientos de millones de libras en dificultar que se llegará a la verdad», denunció McLaughlin.