La crisis que los «expertos» no vieron o no quisieron ver llegar, la crisis que según esos expertos ya debía haber remitido pero resulta que se recrudece, ha «obligado», y seguirá haciéndolo, a muchos sacrificios. Sacrificios de mucha gente, pero no de toda. No de quienes dicen que es preciso afrontar la situación entre todos pero no están dispuestos a renunciar no ya a su vivienda o a su nivel de vida, sino tan siquiera a una mínima reducción de su patrimonio. En el Estado español, tras una reciente reforma laboral de inédita agresividad, tanto el Gobierno de Madrid como las autonomías anuncian -unos lo han hecho abiertamente y otros disimuladamente- nuevos recortes, provocados por el desvío del déficit. Los «expertos» dicen que la única solución es reducir el gasto y aumentar los ingresos, y no es difícil imaginar quién sufrirá el recorte del gasto y a costa de quién aumentarán los ingresos. Esos «expertos» no suelen aconsejan políticas fiscales más justas, que no permitan el fraude fiscal y sean más equitativas. En cualquier caso, la reducción del déficit es el único objetivo que se plantean los gobiernos, por encima de los derechos de la mayoría de los ciudadanos.