SOS Racismo informó ayer de que durante los últimos años (al menos, entre 2007 y 2011) cientos de personas inmigrantes han sido víctimas de presuntas estafas en su intento de conseguir autorizaciones de residencia y trabajo por la vía del arraigo social contemplada en la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000.

Los responsables de SOS Racimo explicaron que el método para realizar estas estafas fue muy similar en todas las ocasiones: se les solicitaba el pago de una cantidad que oscilaba entre 1.000 y más de 2.000 euros con la promesa de tramitar y conseguir un permiso de trabajo y de residencia facilitando una oferta de trabajo. Sin embargo, la autorización de trabajo resultaba rechazada ya que las ofertas eran ficticias, con la contraparte de empresas inexistente, sin actividad suficiente y justificable, o falsificando sus datos y firmas.

Además, en numerosas ocasiones, cuando el interesado acudía al gestor, abogado o empresario para solicitar explicaciones, se le aseguraba que había sido un error de la Administración. En otros casos les daban largas o les asustaban aprovechando la situación de irregularidad advirtiéndoles de las consecuencias de una posible denuncia.

La mayoría de las solicitudes fueron presentadas en la Subdelegación de Gobierno español en Bizkaia pero, una vez que habían sido rechazadas, también se presentaron solicitudes similares por las mismas y otras empresas en las subdelegaciones de Gipuzkoa, Cantabria, Zaragoza, Burgos y Palencia.

Uno de los afectados directamente es Amadou, senegalés de 37 años y que lleva cinco años en situación irregular. «Me comentaron que había una persona que hacía contratos por una cantidad de 2.000 euros. Tras mucho esfuerzo lo conseguí pagar -relata-. No obstante, me dieron un contrato falso para trabajar en la obra. Al ir a reclamarlo, el móvil de la persona que me lo prometió era falso. Por eso me dirigí a SOS Racismo para denunciar la situación».

Once procesos judiciales

Según explicaron en la comparecencia de ayer ante la prensa, en Bilbo, en todos los casos las personas que realizaban la promesa se valían de su condición de abogadas, gestoras o empresarias, y se aprovechaban de la situación de precariedad y vulnerabilidad en la que deja a las personas en situación irregular la Ley de Extranjería.

En la actualidad hay once procedimientos judiciales abiertos en ocho juzgados de instrucción de Bilbo, con cerca de 300 personas inmigrantes afectadas. El Juzgado de Instrucción número 9 está investigando a las siguientes empresas de servicios presuntamente implicadas en los hechos: Integraciones y Desarrollos 2000 S.L. ; Nervión Geser S.L.; Inversiones y Futuros S.L.; Sergent 2000 S.L.; Gestiones Graher S.L.; Desarrollos y Proyectos 2005 S.L.; Innova Pronegocios 2000 S.L.; Gestiones Urbanísticas Bizkaia XXI y Diseños Urbanos Norte S.L.

Por otro lado, al menos nueve de los procedimientos se siguen contra una abogada de Bilbo, Mari Carmen Formoso Galego, que ya había sido condenada anteriormente en 2008, y contra algunos colaboradores suyos, que presuntamente realizaban contratos ficticios a través de más de media docena de empresas. «A través de un conocido me puse en contacto con esta abogada, que aseguraba dar un permiso de trabajo y de residencia a cambio de 1.700 euros. Después, al comprobar que todos los permisos eran falsos, intenté contactar con ella, pero fue imposible. Por eso lo denuncie a la Policía y en el juzgado», explica Mohamid, ciudadano marroquí.

La mayoría de estos procedimientos se encuentran en fase de diligencias previas, con una lenta tramitación, dadas las dificultades en muchos casos de su localización y toma de declaración. SOS Racismo se ha personado como acusación particular en algunos de los procedimientos en representación de personas afectadas. También el Colegio de Abogados de Bizkaia ejercerá la acusación en los procedimientos donde está imputada la indicada abogada.