La planificación y la consiguiente gestión de los residuos que se generan en Gipuzkoa es un debate que ha echado raíces en las instituciones del territorio, también en la calle, incluso en los medios de comunicación. Una discusión compleja a la que se le suman constantemente aspectos a tener en cuenta. Una realidad que afecta a todas y todos los guipuzcoanos por igual.

A la paralización de la incineradora por seis meses tras el acuerdo entre Bildu y el PNV, o a la posible prórroga del convenio entre Bizkaia y Gipuzkoa por el que éste último traslada residuos al vertedero de Igorre, se le suma ahora la creación de un consejo asesor para la prevención y gestión de los residuos urbanos del territorio, siguiendo el planteamiento del artículo 12.2 del PIGRUG, según adelantó ayer en Donostia la portavoz foral, Larraitz Ugarte.

Según explicó, la nueva herramienta servirá para acercar posiciones en este asunto sobre el que hasta ahora se ha producido un debate «muy institucional» entre los ayuntamientos y las JJGG, y en el que también tienen «mucho que decir» otros agentes. Por eso, confió en que el nuevo equipo sirva para «desatascar el debate actual», ya que todas las partes podrán hablar «con los mismos datos» y llegar a análisis y soluciones «comunes».

La conformación del consejo será muy plural, y en total contará con unos 40 miembros. El presidente será el diputado de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, y la vicepresidenta la directora de Medio Ambiente, Ainhoa Iraola. También formarán parte de él todos los grupos de las Juntas Generales, las mancomunidades de basuras, el Consorcio de Residuos, los ayuntamientos, los «municipios de reconocida trayectoria en materia de recogida selectiva» de residuos, y Lakua.

Asimismo tomarán parte en este órgano los sindicatos más representativos; las centrales agrarias; las organizaciones empresariales; las de comerciantes y hosteleros, la universidad y colectivos sin ánimo de lucro vinculados a la gestión de residuos, entre otros.

No será vinculante

Según detalló Ugarte, el consejo tendrá, entre otras funciones, la de interpretar la planificación vigente y analizar la recogida, tanto en la planificación general y a las decisiones relativas a la gestión, para que responda a las necesidades del territorio, así como servir de plataforma de análisis de las políticas en materia de gestión de residuos, tomando como base las decisiones en el ámbito municipal.

El nuevo órgano, que se prevé se forme en un mes, analizará si la planificación responde a la situación real, emitirá propuestas sobre anteproyectos normativos, planes y proyectos, dará su opinión sobre la gestión de residuos y consejos sobre planes y programas. Además, propondrá medidas relativas al desarrollo sostenible y medidas educativas, y promoverá la participación ciudadana.

No obstante, Ugarte advirtió de que los debates que se produzcan en el seno de este consejo, que no tendrá carácter vinculante aunque sus decisiones serán tenidas en cuenta, no incidirán «en lo que tienen que hacer los Ayuntamientos que son los competentes para tomar las decisiones que estimen oportunas» sobre sus residuos.