Antes de que los tribunales de la Audiencia Provincial arrancaran la jornada laboral a las nueve de la mañana, comenzó a levantarse un tenderete con unas sillas a las puertas del edificio de tribunales de Iruñea para juzgar a Emilio Botín. Varias decenas de personas, entre ellas parlamentarios de Bildu y el diputado de Amaiur Sabino Cuadra, realizaron la escenificación de un juicio para arropar de esta forma a siete activistas de LAB que iban a ser juzgados por un encadenamiento en el interior de la sede del Banco Santander.

Una vez que los acusados por la justicia ordinaria entraron a la Audiencia entre aplausos, comenzó este juicio popular al magnate de las finanzas. El objetivo de la pantomima era «denunciar la injusticia que supone procesar a los militantes de LAB y no a la Banca española, que son culpables de crímenes contra la humanidad». Es justo reconocer que poco o nada se dijo en defensa de Botín en esa sala al aire libre, por lo que el veredicto fue de culpabilidad. En concreto, el particular jurado popular lo sentenció por «usura». La pena no fue demasiado alta y no se pidió cárcel. Sólo se le condenó «a repartir la riqueza que ha sustraído de los trabajadores y trabajadoras».

Los argumentos para condenarlo fueron muchos y variados. Un representante de PIT-CNT de Uruguay testificó que el Banco Santander vulnera los derechos de los trabajadores en su país. Una ciudadana le acusó de estafa a gran escala por los depósitos a plazo fijo que tanto el Santander como otros bancos han realizado con los pensionistas. Esta práctica ha supuesto el secuestro de estos ahorros para ese colectivo. Por su parte, el abogado jubilado Jokin Elarre dio testimonio de que «las actuaciones de los bancos son totalmente censurables», pero recordando que las leyes hacen la vista gorda. Para afianzar su declaración, Elarre rompió ante los presentes un ejemplar de la Constitución así como de otras leyes. Asimismo, Igor Arroyo, portavoz del sindicato LAB, sostuvo que son los bancos quienes mueven los hilos de la política, dictando las normas a los representantes públicos, que se limitarían a ejecutar los deseos del capital. Como conclusión, Arroyo aseveró que «la española, más que una democracia, es una botinocracia».

Un juicio de faltas

Mientras la calle imponía su ley, dentro de la Audiencia la justicia española siguió con su rumbo. La juez recabó testimonio a los siete activistas que se encadenaron, a un policía por videoconferencia y a un periodista testigo de los hechos. La fiscal solicitó 30 días de multa a razón de ocho euros diarios (240 en total) a cada uno de los que se encadenaron en 2010. Les imputa desobediencia leve.

La magistrada concedió un último turno de palabra a los acusados, quienes lo emplearon para dejar constancia de que no tienen ni idea de por qué les están juzgando a ellos y no a la gran banca. Afirmaron que no se arrepienten. Esta acción ha recibido la solidaridad de la Federación Sindical Mundial.