Desde el comienzo Lanbide ha tomado un camino errático, como han denunciado los organismos sociales y políticos, al poner dificultades a los percep- tores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o al «hacer desaparecer» ficheros de cientos de afectados. El Servicio Vasco de Colocación está utilizando, por otro lado, la asesoría de grupos ligados a las empresas de trabajo temporal para llevar adelante servicios de control y desarrollo de la valoración de la empleabilidad, lo que pone en cuestión a la propia sociedad pública.

La asunción de una serie de competencias, que antes estaban dispersas entre otras administraciones públicas, ha dejado al descubierto numerosas deficiencias, que han sido reemplazadas a través de contratos de servicios con otras empresas. Hace diez días GARA ya publicó cinco contratos por valor de 4,56 millones con varias empresas para el seguimiento y control de la renta de garantía de ingresos, entre otras acciones.

En este caso, llaman la atención que el bufete de abogados que lleva la asesoría jurídica de Lanbide desde setiembre de 2009, Gómez Acebo&Pombo, organiza seminarios para «sacar el máximo partido a la reforma laboral de 2012 para su empresa», mientras el Gobierno de Patxi López dice no compartir el texto de la nueva legislación que ha aprobado Mariano Rajoy. Sin embargo, tiene contratado con los defensores la defensa jurídica de Lanbide, lo que muestra esa situación de desconfianza que ha generado Lanbide ante tanta inseguridad.

Precisamente en la adjudicación reciente de cinco contratos de servicios, se encontraba, por otro lado, Indra Sistemas, que por un presupuesto de 3,18 millones desarrollará el sistema de gestión, seguimiento y control de la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda.

Sin embargo, ayer mismo se conoció, según publicó el diario «ABC», que Navantia, el astillero militar de Ferrol, y la empresa tecnológica Indra son «las dos empresas españolas en el `top 100' mundial de la industria militar», según el último informe del prestigioso Instituto Internacional de Estudios para La paz de Estocolmo.

A estas se puede añadir la empresa de trabajo temporal Ranstad, que valorará la empleabilidad de las personas perceptoras de la RGI, y está en plena campaña para «sacar más rentabilidad a la reforma laboral».