Ramón SOLA

Obviamente es casual, pero muy curioso, que en 24 horas el concepto de justicia  transicional haya sido esgrimido desde dos extremos absolutos: izquierda abertzale y Tribunal Supremo español.

La izquierda abertzale la reivindicaba así: «Tal y como se ha dado en otros conflictos, necesitaremos de una justicia transicional que establezca un conjunto de medidas políticas y jurídicas que ayuden a desarrollar un proceso democrático que permita alcanzar la paz: -Que sea instrumento para responder de forma positiva a la necesidad de superar las consecuencias del conflicto y eliminar las causas de injusticia de carácter estructural. -Que promueva la reconciliación desde el respeto mutuo buscando la verdad y la necesaria reparación (...) -Que deberá estar asociada a las dinámicas políticas y sociales que tienen por objetivo resolver los problemas derivados de un pasado de negación de derechos y violencia. -Que no busque vencedores y vencidos, sino una solución en la que todo el país salga vencedor».

Apenas un día después, el Supremo también aludía al «derecho transicional» en su sentencia sobre el exjuez Garzón. Lo presentaba como «la ordenación pacífica de los cambios de un régimen a otro, tratando de superar las heridas existentes en la sociedad como resultado de las violaciones a derechos humanos, avanzar en los procesos de reconciliación y garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad en general a la verdad, la justicia y la reparación. Las experiencias internacionales permiten constatar la pluralidad de mecanismos adoptados para garantizar, o tratar de conseguirlo, la ordenada transición de un régimen a otro, casi siempre antagónico (...) Son paradigmáticas las soluciones dadas en Alemania y Sudáfrica».

Matices al margen, ¿alguien ve alguna diferencia sustancial entre la justicia transicional que reclama la izquierda abertzale y la que reivindica orgulloso el Supremo? El concepto es el mismo, lo que cambia es el cristal tras el que se mira. Así, el Gobierno de Lakua que ayer rechazó expresamente la justicia transicional del Kursaal aplaude sin duda la española.

El Estado español hizo su reciclaje posfranquista con una justicia transicional, que en su caso era sinónimo de impunidad y de olvido. Si resultó justa o injusta es otra cuestión, pero a los españoles, a lo que se ve, les sirvió. Sin embargo, Euskal Herria aún tiene que lograr esa justicia transicional para completar el tránsito a otro ciclo; el afán del PP de seguir en lo mismo ya ha quedado muy claro estos días con su paquete de reafirmación de la política carcelaria, redada con denuncia de torturas y Grande-Marlaska al poder.

Una vez más, todo dependerá solo de la relación de fuerzas que logren articular los partidarios del cambio frente a los inmovilistas. Una relación que incluso puede variar con el tiempo (la Ley de Punto Final argentina se aprobó en 1986 y se derogó en 2003). Pero justicia transicional, haberla, hayla. Eso lo ve hasta el Supremo español.