El Consejo Constitucional, la más alta instancia judicial francesa, ha invalidado la ley que considera ilegal negar el genocidio armenio. Turquía, socio de la OTAN, había amenazado con romper las relaciones diplomáticas con el Estado francés por esta ley, que ha sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento galo pero que había sido contestada por algunos diputados que habían apelado al Consejo Constitucional para que éste se pronunciara al respecto.

En un comunicado, el Consejo indicó que la ley, que contemplaba multas de 45.000 euros, un año de prisión o ambas penas a aquellos que negaran el genocidio, va en contra de los principios de la libertad de expresión recogidos en los documentos fundadores de la República Francesa.

Concretamente, consideró que «penalizando la negación de la existencia y la calificación jurídica de los crímenes que él mismo ha reconocido y calificado como tales, el legislador ha cometido una vulneración inconstitucional del ejercicio de la libertad expresión y comunicación».

Satisfacción en Turquía

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía aplaudió la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Davutoglu indicó que el Gobierno turco se va a reunir para decidir si reanuda los contactos económicos, políticos y militares con el Estado francés, que quedaron suspendidos cuando el Parlamento francés aprobó la ley, el pasado 23 de enero.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, tenía previsto la ley ratificar a finales de este mes, antes del receso parlamentario de cara a las elecciones presidenciales de abril y mayo. Inmediatamente, el presidente encargó a su gobierno que preparara un nuevo texto, teniendo en cuenta la decisión del Consejo Constitucional.

«El presidente tomó nota de la decisión» y advierte «la decepción y la tristeza de todos los que habían recibido con gratitud y esperanza la aprobación de esta legislación diseñada para proteger contra el negacionismo», señalo la Presidencia en un comunicado.

Sarkozy ha intentado calmar los ánimos desde el inicio de un proceso que incluso había suscitado críticas en su Ejecutivo, en el que el ministro de Exteriores, Alain Juppé, juzgó la ley como inoportuna.