NUEVO TIEMPO EN EUSKAL HERRIA
Justicia transicional, la llave del postconflicto
Con su última declaración, la izquierda abertzale ha puesto sobre el tablero político vasco un nuevo elemento: la necesidad de una «justicia transicional». Aunque se trata de un concepto con apenas tres décadas de vigencia, ya ha allanado el camino a la solución, con plasmaciones diferentes, en muchos países, sobre todo de África y América Latina. Pero en la UE también existe, incluso como una vía a sufragar.
Ramón SOLA
Argentina, Irlanda, Sudáfrica y Timor Oriental son cuatro ejemplos de la aplicación de la «justicia transicional» en otros tantos continentes diferentes. El concepto ha sido traído por la izquierda abertzale al escenario político vasco, donde era absolutamente desconocido hasta ahora. No obstante, resulta fácil de entender si se analizan sus contenidos concretos y si se constatan sus efectos positivos. Actualmente es reconocida y promovida tanto por la ONU como por la Unión Europea.
Su necesidad queda patente en fases históricas de transición de conflictos armados a épocas de paz o de dictaduras a democracias. ¿Cómo hacer que la justicia regular o «victimal» no se convierta en un obstáculo insalvable que los haga descarrilar? Aunque las definiciones técnicas de justicia transicional (también llamada «transaccional» o «restaurativa») resultan diversas, esta es una de las más aceptadas: «Se refiere a aquellos procesos de transición en los que es necesario equilibrar las exigencias jurídicas (garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no-repetición) y las exigencias políticas (la necesidad de paz) que requieren dichas transiciones».
¿Qué mecanismos pueden utilizarse? Las clasificaciones son diversas, según a qué expertos se consulte, y las herramientas difieren, según países y contextos, pero también hay algunas constantes: en el ámbito judicial, las leyes de indulto y amnistía, y los procesos judiciales y sentencias penales; en el administrativo, indemnizaciones, reparaciones morales, conmemoraciones...; en el político, comisiones de la verdad, reconversión de fuerzas policiales, legalizaciones...
Sin entrar en más detalles por el momento, la izquierda abertzale propone esa justicia transicional como instrumento que «responda de forma positiva a la necesidad de superar las consecuencias del conflicto», que promueva «la reconciliación desde el respeto mutuo buscando la verdad y la reparación de todas las personas que han sufrido el conflicto», y que no tiene que buscar «vencedores y vencidos, sino una solución de la que todo el país salga vencedor». Sí plantea, en concreto, la conveniencia de una comisión de la verdad.
Reticencias y plasmaciones
La extensión del concepto es un hecho que ya ha puesto en guardia a los detractores de procesos de transición en lugares como Colombia. Un gobierno tan poco sospechoso como el de Álvaro Uribe -alter ego político de José María Aznar- creó en 2008 la Dirección de Justicia Transicional con el objetivo aparente de contar con un instrumento que le permitiera afrontar eventuales escenarios de postconflicto con las guerrillas. Los sectores más recalcitrantes del país lo entendieron como una imposición internacional y un riesgo de pérdida de soberanía interna.
Probablemente, algo así hayan pensado en Madrid al analizar la declaración del Kursaal, habida cuenta de sus recelos ante cualquier intervención internacional en el nuevo tiempo que se ha abierto en Euskal Herria.
Si bien la justicia transicional ha sido aplicada sobre todo en África y América Latina hasta la fecha, en Europa también fue llave para los postconflictos de Irlanda o la antigua Yugoslavia, y antes en Grecia y en Chipre. A día de hoy, la Unión Europea tiene incluido este concepto en diferentes documentos jurídicos, declaraciones, informes y documentos de consenso.
Así, el reglamento 1989/2006 del Parlamento Europeo y el del Consejo de 20 de diciembre del mismo año establecieron la justicia transicional como una de las líneas a financiar, al considerarla un elemento para la promoción de la democracia y los derechos humanos en el mundo. En concreto, se plantea consolidar económicamente, en la medida en que puedan servir para hacer justicia transicional, la Corte Penal Internacional, los tribunales de los distintos países, las comisiones de la verdad, los organismos encargados de las denuncias contra los derechos humanos...
En este ámbito opera además una organización específica: el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés). Explica que centra su labor en «ayudar a instituciones y a grupos de la sociedad civil -a quienes dirigen y definen el cambio en sus sociedades- a considerar medidas que favorezcan el esclarecimiento de la verdad, la rendición de cuentas y la reparación por los abusos pasados». El listado de sus programas constata que la justicia transicional no es exclusiva de África, América Latina y Asia. Está radicada en Nueva York y la ICTJ tiene un programa específico también para Estados Unidos: el denominado «Rendición de cuentas», que analiza las violaciones de derechos de detenidos al amparo de las legislaciones de excepción que surgieron tras el 11 de setiembre de 2001.
Curiosamente, la noticia más comentada estos días entre organizaciones y expertos que trabajan en la justicia transicional en todo el mundo es el dictamen del Tribunal Supremo español sobre las iniciativas del exjuez Garzón y los crímenes franquistas. Quizás pronto en sus agendas esté de nuevo el Estado español, en este caso para abordar las exigencias de un postconflicto vasco.
Irlanda
Medidas judiciales y políticas se combinaron para lograr la transición del conflicto armado a la paz en Irlanda. Los presos salieron a la calle con un documento de apoyo al proceso y un compromiso personal de no repetir sus acciones. La pasada semana ha sido noticia la propuesta de una amnistía que zanje todos los casos pendientes catorce años después y permita la vuelta de quienes siguen exiliados. Junto a ello y en paralelo al desarme, se acordó la retirada de las fuerzas británicas, la transformación de la policía represiva (RUC) en un cuerpo civil o el establecimiento de una Comisión de Derechos Humanos. No ha habido comisión de la verdad, aunque sigue habiendo propuestas al respecto y el Gobierno británico ha reconocido su culpa en casos como el «Bloody Sunday». Existe, por cierto, un Instituto de Justicia Transicional en la University of Ulster.
Argentina
En 1985 se inició el Juicio a las Juntas Militares, con condenas, aunque luego hubo indultos en la era de Medem. Siguen los procesos en la actualidad. En el ámbito de la verdad, se articuló la CONADEP, que hizo recuento de los casos de desaparecidos, aunque muchos está aún sin esclarecer. Ha habido reparaciones económicas para unas 12.000 familias. Además, el Ejército fue puesto bajo control civil desde el primer gobierno postconflicto, el de Alfonsín.
Chile
La llamada «transición» fue en realidad un proceso más o menos acordado entre militares y civiles, como demuestra que Pinochet terminara como senador vitalicio y solo fuera detenido por una iniciativa de Garzón en un viaje a Londres y falleciera impune. Sigue vigente la Constitución que aprobó el régimen militar en 1980. Sí hubo una comisión de la verdad y la reconciliación, que trabajó durante nueve meses y elaboró el «Informe Rettig» (1991), dando paso a compensaciones a familias.
Perú
Tras el terrorismo de Estado con que Alberto Fujimori se enfrentó a Sendero Luminoso, que incluía armar a células campesinas, en 2001 se creó una comisión de la verdad y la reconciliación sobre las dos décadas anteriores. Investigó tanto las acciones de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) como la guerra sucia. Recogió casi 17.000 testimonios. Abigaíl Guzmán, líder de Sendero Luminoso, está preso desde 1992; Fujimori también, por sus matanzas.
Timor Oriental
La independencia patrocinada por la ONU y refrendada por la población bajo un baño de sangre dio paso a una comisión de la verdad. La situación no se terminó de apuntalar y se produjo una nueva crisis con deserciones del Ejército y combates en 2006. Posteriormente, en 2010, Amnistía Internacional criticó que el gobierno estaba concediendo indultos y rebajas de penas para garantizar la paz. La situación parece estabilizada actualmente.
Sudáfrica
La comisión de la verdad y la reconciliación creada en Sudáfrica en 1995, presidida por Desmond Tutú, es probablemente la más conocida, y modelo para otras posteriores. Trabajó durante tres años de modo muy amplio y con un enfoque más basado en el reconocimiento de la verdad que en purgar culpabilidades. En su desarrollo hubo también un fuerte componente religioso, complementado con el enorme influjo moral de Nelson Mandela. Además de las excarcelaciones en masa, en la comisión de la verdad la amnistía se otorgaba a cambio de la asunción de los hechos y su relato, lo que se tradujo en vistas públicas que constituyeron auténticas catarsis y catalizadores de reconciliación, aunque obviamente sigan existiendo heridas sin cerrar y tensiones.
