El secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, Iñaki Oyarzábal, asegura que su partido está «satisfecho» con la ronda de contactos mantenida con las víctimas de ETA porque, a su juicio, han entendido que Mariano Rajoy no ha cambiado su «política antiterrorista».

Tras reunirse con la AVT, la Fundación de Víctimas que preside Maite Pagazaurtundua, Dignidad y Justicia, la Fundación Miguel Ángel Blanco y Covite, entre otros grupos, Oyarzábal comentó ayer a Europa Press que el objetivo de estos contactos era trasladar el compromiso del partido con las víctimas y la lucha contra ETA sin ningún tipo de concesión política.

Esta ronda de contactos se ha producido después de que el PP se posicionase en el Congreso español en contra de la propuesta de UPyD de ilegalizar a Amaiur. En este sentido, Oyarzábal lamentó que haya gente que quiera «meter cizaña» y «sembrar dudas» sobre la postura del PP, que, según subrayó, mantiene su exigencia de «justicia, dignidad y memoria».

De otra parte, el secretario general del PSE de Gipuzkoa, Iñaki Arriola, manifestó ayer que para creer en la «sinceridad» de la izquierda abertzale tienen que «empezar a llamar a las cosas por su nombre, al pan, pan, y al asesinato cobarde y ventajista, asesinato cobarde y ventajista, no consecuencia dolorosa de una acción armada de ETA».

Arriola, que participó junto a otros representantes políticos de PSE, PP, EA y PNV en una ofrenda floral en Arrasate en recuerdo al exconcejal Isaías Carrasco, muerto en atentado de ETA, manifestó que «aquí estamos los que hemos querido estar y a nadie le hemos dicho que no venga, pero los que estamos aquí lo estamos sinceramente, de corazón».

Por otro lado, la AVT anunció ayer que colocará mesas en las calles de Madrid para recaudar fondos y dar a conocer su actividad. En declaraciones a Europa Press, la asociación explicó que quiere transmitir a la gente que no sólo se dedica a la reivindicación política, sino que destina gran parte de sus fondos a la atención directa a las víctimas. La AVT está personada en 99 procesos judiciales relacionados con ETA, los Grapo y el 11 M que requieren cuantiosos fondos.