Frente a lo que está sucediendo en el Estado español, otros países han optado por la estabilidad de los puestos de trabajo y por una mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo. Esto permite que los costes de la crisis se distribuyan entre el conjunto de la fuerza laboral y que esta fuerza laboral, aun disponiendo de menores recursos económicos, se mantenga activa y preparada para asumir las tareas que le correspondan en una posible reactivación. En el Estado español, al contrario, se ha optado por una reforma laboral que perpetúa la disociación entre trabajadores activos y trabajadores en desempleo.

No hay demasiado que reprochar a los empresarios y a las organizaciones patronales en la dinámica abierta. Tanto su posicionamiento como el de las organizaciones sindicales es, necesariamente «parcial», derivado del contexto dialéctico en el que estas organizaciones se desenvuelven.

No puede decirse lo mismo de los líderes políticos, cuya responsabilidad general sobre la sociedad y la actividad económica les obliga no sólo a responsabilizarse del impacto social de las medidas adoptadas, sino también del indicado impacto económico que el desempleo tiene en la destrucción del nivel de capacitación de la fuerza laboral del país.

Si la actividad económica debe mantenerse en pie, «alguien» debe asegurar que el conjunto de la fuerza laboral mantiene y refuerza su formación y su capacitación laboral. ¿Se está haciendo esto en el Estado español? Pues, evidentemente no. Las estructuras de formación y reciclaje profesional, especialmente las destinadas a los desempleados, sencillamente, no funcionan. Razones no tanto técnicas, sino más bien institucionales y políticas perpetúan unos esquemas estructurales en la formación permanente que distan mucho de responder a las necesidades del tejido social español y que, en nuestra opinión, constituyen uno de los principales obstáculos.

La actual reforma laboral tiene un defecto esencial de falta de contextualización. No es posible abordar una reforma de estas características sin tener en cuenta la situación «límite» del mercado laboral español, con un 24% de desempleo. ¿Estamos realmente seguros de que, a partir de esta reforma, las empresas empezarán a contratar trabajadores por el repetido incentivo de una mayor facilidad de despido? ¿Estamos realmente seguros de que estas nuevas contrataciones de empresas en crecimiento superarán a los nuevos despidos que se faciliten gracias a esta reforma? Desde otro punto de vista: ¿Puede la sociedad española arriesgarse a que las cifras de desempleo se disparen hasta un 30 o 35 por ciento? ¿Aguantaría el tejido social español esta situación?

El Estado español no está en una situación estructural en la que la falta de flexibilidad laboral pueda considerarse como el único problema económico pendiente. La falta de dinamismo del sector productivo, el sobreendeudamiento privado y la reestructuración pendiente del sector bancario, acechan todavía a una economía española en una situación límite en cuanto a desempleo. En estas circunstancias, parece razonable pensar que existe más que un razonable riesgo de que el efecto de esta reforma laboral sea un incremento aún mayor -y en proporciones difícilmente soportables- de los niveles de desempleo.

La economía española necesita atacar el desastre del desempleo. Pero pensar que es sólo un problema de flexibilidad empresarial puede ser un tanto ingenuo. Un tercio de la fuerza laboral española está en riesgo de quedar progresiva y estructuralmente marginada de la actividad productiva.

El conjunto de la sociedad española debe asumir la responsabilidad de asegurar que estas personas se mantienen activas, que su capacidad de esfuerzo y creatividad aplicada al trabajo es preservada. El Estado español está en una situación límite y en estas situaciones todos -también las empresas y también los trabajadores en activo- deben asumir su parte de responsabilidad. Un reparto del tiempo de trabajo -tal como había sido ya pactado entre sindicatos y empresarios- hubiese sido una opción mucho más razonable para los trabajadores, menos traumática para las empresas y con más futuro para la sociedad y la economía españolas.

Alternativamente, incluso la salida del euro, la devaluación de la moneda y las injustas repercusiones de esta medida sobre el nivel de vida de los ciudadanos españoles serían probablemente preferibles -en cuanto a solidaridad y en cuanto a mantenimiento de la capacitación productiva de los trabajadores- al riesgo de incrementar la bipolarización del mercado laboral español entre dos tercios de españoles con trabajo y un tercio sin trabajo y sin recursos para acelerar su formación y capacitación.

Por último, es imprescindible subrayar la responsabilidad política en la que los distintos gobiernos españoles pueden estar incurriendo como consecuencia de lo que está sucediendo con la formación permanente. Urge una reforma estructural de la formación continua y de la formación ocupacional. Gobierno, sindicatos y patronal deben asumir para ello los compromisos institucionales necesarios.

¿Flexiseguridad? De acuerdo. Pero hagámoslo en serio.