¿Por qué se llega a la cuarta huelga general?

Llevamos varios años movilizándonos en contra de todas las imposiciones, recortes, que los gobiernos de Gasteiz e Iruñea están realizando. Lo hacemos por el fortalecimiento de los servicios públicos y para denunciar, en nuestro caso como sindicato sectorial que somos, los recortes en Educación y de las condiciones laborales. Con todo eso, se nos imponen medidas como la reforma laboral, por lo que este sindicato, junto con otros, cree imprescindible y necesario seguir movilizándonos y en esta línea está la convocatoria de huelga del 29 marzo.

¿Son necesarios los recortes?

Son medidas neoliberales, que vienen de la mano de los grandes empresarios, especuladores y la banca. Las llevan adelante sin buscar otras salidas a las necesidades, ni contemplando otras posibilidades que se pueden poner en marcha. Pensamos que en tiempos de crisis hay que fortalecer los servicios públicos, porque son garantía de cohesión social y de futuro, para que quienes estén en condiciones más precarias tengan acceso a los servicios básicos.

Llevamos tiempo diciendo que hay que establecer medidas fiscales más justas y progresivas. Que hay dinero, pero está mal repartido. Que los de siempre siguen enriqueciéndose, que hay que gravar más a las rentas de capital, y no como se está haciendo de dejar todo el peso en los colectivos más desfavorecidos. También pensamos que hay que utilizar el dinero público de una mejor manera y, en momentos como el actual, se deben dejar a una lado las superestructuras y todos aquellos despilfarros para dar prioridad a servicios públicos como la educación pública, por ejemplo.

Patxi López y el PSE se han pronunciado en contra de la reforma laboral, pero el Gobierno de Gasteiz aplica recortes y en Nafarroa es el PSN quien sostiene al Ejecutivo de Yolanda Barcina. ¿Tienen dos caras?

Tiene su complicación o su gracia la actitud del PSE y PSN. Durante años el Gobierno vasco y el Gobierno español han realizado la misma política de recortes. Venimos de reformas laborales que siempre nos han sido perjudiciales, lo mismo que la de las pensiones. En la CAV venimos de un decretazo que nos ha dejado sin negociación. Se han cargado las condiciones laborales que se han mantenido en muchos años, han recortado las bajas por enfermedad, las jubilaciones anticipadas y han retirado el contrato de relevo. Son medidas que depositan en el funcionariado una parte de la crisis, porque es muy fácil hacerlo así. Ahora el PSOE juega con otra cara, porque ya no está en el Gobierno de Madrid.

También es la primera vez que se permite despedir más fácil a los empleados públicos.

Por primera vez, una reforma hace que los empleados públicos que tengan un contrato laboral, que son muchos, puedan ser despedidos por causas objetivas. Unido a otras medidas anteriores, destaco las de la Enseñanza, los empleados públicos sufrimos un empeoramiento y precarización de las condiciones de trabajo. Hay menos empleo, menos posibilidades de trabajar y en condiciones peores. Amortizan plazas. No se reemplazan los puestos de quienes se jubilan, con lo cual desaparecen empleos. Todo esto repercute en la calidad del servicio público.

Dado que el PSE se opone a la reforma, ¿no cree que sería coherente que no la aplicase en su beneficio allá donde gobierne, empezando por Gasteiz?

Sería coherente, que no se aplique en este país. Primero, porque trabajamos aquí, decidimos aquí; estamos en la defensa del marco vasco. Es un buen momento para que Patxi López dé un paso en ese sentido. Además, tendría que dar marcha atrás a los recortes que ha aplicado ya para estas fechas.

¿La reforma pone todo más difícil para los trabajadores?

Sí. Tiene mala pinta. No será la última reforma, pero no hay reforma que beneficie a los trabajadores. Todo eso, nos lleva a pensar que en el sector público van a venir más recortes. Ya no se habla de congelación salarial, sino de reducción de salarios. Hoy, en la CAV, estamos cobrando menos que en 2009 y hemos perdido del 10% del poder adquisitivo en estos años.

¿Como ocurre en Catalunya?

Sí, en Catalunya, Castilla La Mancha... Diga lo que diga el Gobierno de Madrid, los gobiernos de aquí tienen la responsabilidad de no aplicar las medidas de recorte y de negociar acuerdos en estos marcos, porque recortando los salarios y condiciones laborales en Educación y en Sanidad ni se va a acabar con la crisis, ni se creará empleo. Sí empeorará la calidad de los servicios públicos, que dicho sea de paso, es lo que parece que están buscando para ir acabando con ellos para privatizarlos.