El consejero de Interior, Rodolfo Ares, y la directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, comparecieron ayer ante la ponencia parlamentaria para dar cuenta de su propuesta de establecer ayudas para facilitar que las personas que tuvieron que abandonar la CAV por «la amenaza terrorista» puedan volver si lo desean.

La iniciativa responde a una petición parlamentaria para que antes del final de 2011 presentaran «un estudio objetivo y riguroso» sobre la materia. Dicho informe se encargó al Instituto Vasco de Criminología, de la UPV, que lo concluyó en setiembre pasado, pero que el Departamento de Interior no lo presentó hasta ayer.

La propuesta, en términos genéricos, es que las personas que quieran regresar a la CAV puedan tener acceso a las mismas ayudas que tendrían en caso de haber seguido empadronadas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para acceso a vivienda, becas a los hijos o la Renta de Garantía de Ingresos. También se equipararían a algunas prestaciones especiales de las que disponen las víctimas. En todo caso, el solicitante tendría que acreditar que dejó la CAV por «ataques y/o amenazas terroristas cometidos por personas integradas en bandas o grupos organizados y armados y sus conexos». Y deberá acreditar también que necesita dichas ayudas.

Sin cifras

Lo llamativo es que un programa de estas características se prepare sin contemplar a cuántas personas puede afectar. Rodolfo Ares se escudó en que no quiere entrar en una «guerra de cifras», y añadió que hay personas que ni siquiera quieren ser contabilizadas porque su único deseo es «pasar página».

En cualquier caso, Ares y Lasa dejaron entrever que la muestra sobre la que se había hecho el estudio de necesidades había sido amplia. El consejero incluso llegó a decir que «muchísima gente» con la que se ha contactado para elaborar el estudio no tiene intención de volver.

GARA ha tenido acceso al informe titulado «Proyecto Retorno» elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, donde se recoge que las personas que respondieron a su solicitud de reunión fueron exactamente doce. Al grupo de discusión de amenazados, que tuvo lugar en Madrid el 13 de junio de 2011, asistieron cinco personas y al de familiares de muertos en atentando, al día siguiente, acudieron siete. Cada encuentro duró cuatro horas. Hubo otra reunión con miembros de asociaciones de víctimas, pero está se realizó en Donostia.

Derecho a votar

Resulta también reseñable que una de las peticiones más generalizadas de las recogidas es la posibilidad de que esas personas pudieran votar en la CAV sin necesidad de volver a residir en ella. Sin embargo, esta es una demanda que el Gobierno de Lakua no contempla ni defiende, y que remite a los pasos que se puedan dar en el Congreso de los Diputados.

Estas personas también reclaman algún tipo de reconocimiento simbólico, pero se quejan de la situación política actual, sobre todo tras el auge electoral de Bildu.