Iñaki IRIONDO

Los gobiernos españoles han huido siempre de las palabras que pudieran visibilizar la retirada de efectivos de las FSE de Euskal Herria. En los años Ochenta y Noventa, al «despliegue» de la Ertzaintza no le siguió un «repliegue» de la Guardia Civil y la Policía española, sino su «adecuación». Madrid definía cuántos efectivos quería tener en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa -ocultando el dato al Departamento de Interior- y fijaba el tope de ertzainas posible. Ahora se habla abiertamente de la reducción de escoltas, pero no se puede aplicar la misma terminología a las FSE. El PSE, según dijo José Antonio Pastor, quería llamarlo «adaptación progresiva». El PP y UPyD no quieren ni oír hablar de estas cosas. Antaño, repliegue y, hoy, reducción les suenan siempre al diabólico «que se vayan».

Aralar llevó ayer al pleno del Parlamento de Gasteiz una propuesta para que, anunciado el fin de la lucha armada de ETA, el Gobierno español hiciera un plan de cierre de acuartelamientos de la Guardia Civil. Junto al PNV, presentaron después un texto común que propone que se inicien conversaciones en el seno de la Junta de Seguridad para proceder a la reducción de efectivos de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

El representante de Aralar, Dani Maeztu, trató de encauzar la cuestión por una vía técnica, ahora que está efervescente el debate sobre algunas duplicidades y sobrecostes. Echó cuentas y dijo que en la CAV hay 8.000 ertzainas, 1.200 policías españoles, 2.600 guardias civiles y unos 3.000 municipales. Lo que da un ratio que triplica la media de la UE. Y luego recordó que para las funciones que tienen encomendadas la Guardia Civil y la Policía, no hacen falta tantos, ni se entiende que haya cuarteles en Tolosa, Eibar o Durango cuando sus competencias son pocas más que la «vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras y aduanas».

«Interés del Estado»

Nerea Llanos, del PP, añadió que el Estatuto también reconoce a las FSE la capacidad de intervenir «cuando estimen que el interés general del Estado está gravemente comprometido». Maeztu le preguntó si se refiere a que los vascos queramos decidir libremente nuestro futuro, pero no encontró respuesta.

No en público

José Antonio Pastor, del PSE, inició su discurso con la parte de homenaje a las FSE, para reconocer luego que será necesario adecuar el número de efectivos a la nueva realidad. Pero añadió que no es necesario hablar públicamente de ello, que ya lo irán haciendo el Gobierno español y el de Lakua «con discreción, sentido común y responsabilidad, a medida que vayan variando las circunstancias».

El PSE estuvo negociando hasta última hora la posibilidad de buscar un acuerdo con PNV y Aralar, que fue imposible porque no admitió que se recogiera el término «reducción» de los efectivos. Proponía «adaptación progresiva».

Al final, PSE, PP y UPyD sumaron sus votos en la enmienda de los primeros, según la cual «el Parlamento vasco reconoce y agradece la enorme labor desarrollada por la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo de ETA y quiere mostrar una vez más su solidaridad, su cercanía y su cariño a las familias de los guardias civiles asesinados por ETA, y con ellas a todas las víctimas del terrorismo».

Eso dice el Parlamento. Pero si se escucha a la mayoría social, parece seguir tarareando el tradicional «que se vayan».