Herrira compareció ayer para dar cuenta de la situación que viven las presas y presos políticos vascos, la gran mayoría de ellos dispersados por los estados español y francés y otros lugares como Portugal, Inglaterra, Irlanda del Norte y México. Una radiografía de la realidad carcelaria que revela una situación extrema y que requiere respuestas urgentes. En este sentido, los portavoces de este movimiento pusieron el acento en el estado de quince prisioneros gravemente enfermos, cuya excarcelación inmediata exigieron por el peligro que supone que sigan encarcelados.

Sin duda, las duras condiciones de vida que sufren en la cárcel y las largas condenas hacen mella en la situación de las personas presas, y la aplicación de la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo no ha hecho sino agravar este problema. Se trata de una condena añadida que supone más años de aislamiento, desasistencia sanitaria, agresiones y todas las calamidades que acompañan a una realidad tan traumática como es siempre la prisión. La demanda de excarcelación de los presos y presas que sufren graves enfermedades es mayoritaria en la sociedad vasca, y es necesario que la clase política y las instituciones se impliquen con la misma determinación, partiendo de la necesidad de respetar los derechos humanos y desligar ese respeto de cualquier otro interés o debate político.

Con todo, y atendiendo a la legalidad estatal, son 214 los prisioneros que deberían estar ya en libertad y que permanecen encarcelados a causa de la política penitenciaria que expresamente han diseñado los estados contra el Colectivo de Presos Políticos Vascos. La única razón de que sigan en la cárcel es que quienes guardan las llaves así lo quieren, por encima de lo que dictan sus leyes. Durante décadas el chantaje y la venganza han sido la razón de ser de la política carcelaria respecto a los represaliados vascos. Ya es hora de que eso cambie, y pueden empezar por cumplir su propia ley.