Mediante sentencia firme, el TSJPV ha fallado en favor de la familia Chopera -antigua adjudicataria del complejo de Illunbe- y ha condenado al Ayuntamiento donostiarra a pagar otros ocho millones de euros que se suman a los 21 millones que ya había pagado en concepto de indemnización tras su adjudicación sin concurso público. El desaguisado viene desde el inicio de este despropósito que va a ser un mazazo duro para la ciudad y todos los donostiarras. El chanchullo entre los Chopera y el anterior alcalde, Odón Elorza, está en su origen. Puentear el concurso público fue algo parecido a una prevaricación de la que Elorza salió impune. Durante sus mandatos, y especialmente cuando tuvo mayoría absoluta, solo se preocupó de tratar de mantener y legalizar el desaguisado. Como indicó el actual alcalde, Juan Karlos Izagirre, actuó -por decirlo suavemente-, de «forma irregular y con una pésima gestión». Y ahora, hipoteca seriamente muchos proyectos de futuro para Donostia y obliga a hacer nuevos y dolorosos ajustes en las arcas municipales.

Para más inri, el actual portavoz del PSE, Ernesto Gasco, trata de repartir culpabilidades entre otros grupos -PNV, PP, Alternatiba, EA y Aralar- mientras él se lava las manos. Todo ello cuando trata de dar lecciones de gestión y gobernabilidad a Bildu. Un mínimo de decencia.