El último comunicado de las FARC sobre el cese de los secuestros como herramienta de financiación y la entrega prevista para este lunes de los diez uniformados que mantiene en su poder ha abierto nuevas expectativas en la sociedad colombiana a diez años del fracaso de las conversaciones del Caguán entre el entonces presidente Andrés Pastrana y la guerrilla. El movimiento liderado por la exsenadora Piedad Córdoba Colombianos y Colombianas por la Paz o la labor desarrollada por el grupo Mujeres Gestoras por la Paz a favor de una solución dialogada han generado cierto clima de esperanza, al que los exiliados y migrantes, en general, se han querido sumar organizando un encuentro internacional por la paz y la solución política que hoy arranca en Lausana, Suiza. Durante tres días, actores como Piedad Córdoba, exguerrilleros, expertos en derechos humanos y derecho internacional y representantes sociales y sindicales expondrán sus puntos de vista sobre el momento que vive el país. También se esperan pronunciamientos de las FARC y el ELN, según adelanta Jonhson Bastida, miembro del comité organizador. En la entrevista concedida a GARA, resalta la importancia de que los exiliados se impliquen en la búsqueda de soluciones, de establecer una agenda unitaria y de aprender de enseñanzas pasadas, como las que dejó el Caguán, para no incurrir en los mismos errores.

¿De dónde surge la idea de organizar este encuentro?

El año pasado en Colombia hubo dos encuentros que nos motivaron mucho. Uno fue «El diálogo es la ruta», en el Magdalena Medio, y el otro, el Congreso Nacional de Tierras, Territorio y Soberanía, en Cali. Y hace escasas semanas en Bogotá hubo un congreso internacional para analizar la situación de los presos políticos y crear una comisión internacional que verifique su situación. Si en Colombia se están dando estos pasos importantes en cuanto a la unidad del movimiento social y político, los exiliados y migrantes, en general, vimos la necesidad de tomar la iniciativa y de aportar en este escenario. Es importante que nos vinculemos como migración para ser reconocidos como damnificados del conflicto social y político. Según datos del ACNUR, en Colombia hay más de cinco millones de desplazados internos, pero, a menudo, no se menciona a los exiliados y a las personas que han tenido que huir debido al propio conflicto o por motivos económicos o sociales derivados del conflicto. Esperamos que de este encuentro surja una agenda de trabajo de cara a la migración que le permita contar con una interlocución en este escenario que se está abriendo.

También queremos dar mayor visibilidad al conflicto a nivel internacional porque tenemos la sensación de que se va desgastando la esencia del conflicto que, a nuestro juicio, se ha agudizado por la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia.

¿En qué medida puede facilitar un futuro proceso de diálogo el anuncio de las FARC sobre el fin de los secuestros como método de financiación?

Al inicio de su mandato, el presidente, Juan Manuel Santos, reconoció la existencia de un conflicto, lo cual es importante porque suponía una ruptura con el anterior Ejecutivo, que negaba la existencia de un conflicto político y armado. Pero, el Gobierno no ha sido consecuente con esa declaración al no reconocer ni siquiera a los presos políticos.

Desde el principio, Santos ha exigido a la insurgencia manifestaciones concretas para sentarse a dialogar y considera que la llave la paz la tiene él en su bolsillo.

Desde los movimientos sociales se está tratando de impulsar lo contrario, es decir, que la llave de la paz no la tiene Santos, sino el pueblo colombiano que debe movilizarse para buscar una salida política y ser actor de la paz. Este comunicado llega en este contexto. El Gobierno había pedido gestos concretos: por una parte, la paralización de los secuestros y, por otra, la liberación de los secuestrados. Esa declaración de las FARC tiene una importancia histórica porque con ella están derogando la ley 002 que ellos mismos habían promulgado, por la que las personas más adineradas del país también deben sufragar la resistencia del pueblo, al igual que financian el Ejército. Invalidar esa ley significa un paso importante porque, como organización, las FARC se comprometen a no seguir haciendo retenciones económicas y a entregar a los últimos prisioneros de guerra que mantiene en su poder. El Gobierno no puede minimizar el alcance de este anuncio, porque con él se le acaban todos los pretextos para no empezar a dialogar. Este comunicado le ha quitado, además, argumentos al paramilitarismo, que dice que no se puede hablar con la insurgencia mientras practique retenciones. Supone también un importante gesto de reconciliación para las familias de los secuestrados y de los presos políticos y viene a distensionar un poco el ambiente. Lo que hace falta ahora es superar la desconfianza instalada en ambas partes tras el fracaso de las negociaciones del Caguán. Creo que la mediación internacional puede ayudar en la recuperación de esa confianza perdida.

A la par que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, autorizaba a un grupo de mujeres liderado por la exsenadora Piedad Córdoba a visitar a guerrilleros presos, se procedía a la dispersión de una parte de estos prisioneros. Finalmente, denegó a Córdoba el permiso alegando que dicha comisión, en la que destacan figuras como la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y las escritoras Elena Poniatowska e Isabel Allende, no está autorizada para mediar en un eventual proceso de paz y que no se trata de presos políticos. ¿Cómo interpreta este cambio?

El de Colombia es un conflicto complejo. Dentro de la propia oligarquía hay contradicciones internas notorias. Por citar un ejemplo, por un lado, el presidente Santos reconoce la existencia de un conflicto y, por otro, su ministro de Justicia niega el estatus político de los presos. Y a la par que Esguerra anuncia el permiso para que dicha comisión verifique la situación de los prisioneros, organizaciones de derechos humanos denuncian su traslado a otras partes.

Con la dispersión, el Ejecutivo pretende generar un sentimiento de desmotivación en los presos y presionarlos para que renuncien a la lucha. Por esta vía trata también de romper el hilo familiar y no garantizar el derecho a la defensa, porque los abogados no tienen recursos para desplazarse a zonas muy alejadas del país. Estas contradicciones se traducen en una ambigüedad importante en el seno del Gobierno, dentro del cual hay un sector militarista que está obstaculizando la creación de un ambiente de distensión que pueda facilitar el diálogo, y ponen en evidencia que la salida política no figura parte de la agenda gubernamental.

A diez años del fracaso de las negociaciones del Caguán, ¿qué considera que falló?

El Caguán ha dejado enseñanzas muy importantes. En un proceso venidero no podemos partir de cero dejando atrás todos los alcances de la agenda del Caguán, que fue un acuerdo de Estado, es decir, independientemente de quién sea presidente o del tipo de gobierno que haya, los acuerdos firmados fueron entre el Estado y la insurgencia. Si ahora Santos y la insurgencia entablaran conversaciones, el punto de partida sería la agenda del Caguán, en la que no figuraban algunos puntos que habría que incorporar, como la justicia, la reparación y la no impunidad para todos los delitos del terrorismo de Estado. Se debería abordar también la cuestión de los presos, de los exiliados y expulsados. ¿Qué nos dejó el Caguán? Un proceso cristalino y claro frente a la opinión pública. La gente iba conociendo día a día lo que se estaba negociando, los comunicados se hacían públicos al minuto de ser firmados. Hubo mesas temáticas en las que las mujeres, los indígenas, las comunidades afroamericana... pudieron participar. No ocurrió lo mismo con el proceso de Raelito entre el expresidente Álvaro Uribe y los paramilitares, del que sabemos a cuenta gotas lo que se acordó, entre otras cosas la Ley Justicia y Paz, que garantizó la impunidad a los paramilitares.

Uno de los errores que se cometieron en el Caguán fue mantener conversaciones en medio del conflicto. El movimiento que lidera Piedad Córdoba Colombianos y Colombianas por la Paz ha propuesto una tregua bilateral, una iniciativa que compartimos. Ello permitiría desactivar a los sectores militaristas y evitaría invenciones pasadas como la existencia de collares bomba o atentados que ellos mismos organi- zaron para luego culpar a la insurgencia.

Al evento han invitado tanto al Gobierno como a las guerrillas FARC y ELN para que hagan sus aportaciones. ¿Qué respuesta han recibido?

El Ejecutivo de Santos no está dispuesto a discutir el tema de la paz en espacios como este o en otros que se están creando en Europa, porque el presidente quiere tener el monopolio sobre este tema. Por ello, no creo que vaya a mandar a ningún representante. Incluso, la embajadora colombiana en Suiza ha llamado al comité organizador para notificarnos que no piensa acudir. Por parte de la insurgencia, hemos recibido correos electrónicos en los que han expresado su intención de hacernos llegar sus pronunciamientos respecto a la paz.