El éxito de la pasada huelga general a nivel de Estado, y particularmente en Euskal Herria, se presta a diversos análisis y consecuencias; pero sobre todo es un reto para los mismos grupos sindicales, sociales, populares y políticos que la han hecho posible y, en especial, para la sociedad que mayoritariamente la ha seguido y apoyado.

Esta lucha popular masiva ha rechazado la llamada «reforma» que, en realidad, es un atentado contra los derechos conseguidos de millones de trabajadores y trabajadoras. Ha sido la expresión de una contundente repulsa y oposición a recortes sociales y agresiones a la dignidad y la vida de quienes cuentan con la fuerza de su trabajo para defender su estatus y ser considerados no como simples instrumentos de productividad, sino como personas y sujetos de decisión democrática.

Si analizamos esta huelga en sus causas, es evidente que ha sido consecuencia inmediata de la amenaza devastadora de una ley que esquilma y explota el valor del trabajo. Lo reduce a mercado precario con el que se especula, manipulándolo al servicio del capital como si fuera simple moneda de cambio supeditada al interés prioritario empresarial. El resultado esperado consiste en generar beneficios para la minoría dominante. En consecuencia y con impunidad neoliberal, se reducen los salarios, trabajadores y trabajadoras quedan a merced del empresario y el paro crece sin límites, sobre todo entre la juventud; a nivel público, se cierran centros de salud, lugares de acogida, se rebaja la inversión pública, se reduce el personal docente de los centros públicos de enseñanza, se recortan ayudas sociales...

Estos férreos ajustes responden a medidas neoliberales crudas y duras de la Unión Europea a las que las naciones y sus gobiernos tendrán que someterse y adecuar sus presupuestos si quieren subsistir. Y así ha ocurrido en Grecia, en Italia, en Portugal y ahora en el Estado español. Plegado a estas directrices -y de acuerdo con ellas- el Gobierno del PP ha propuesto su «reforma» particular. Por tanto, no se trata de una auténtica reforma que busque lo que el pueblo, los trabajadores y trabajadoras y la sociedad necesitan, sino lo que el capital exige. En consecuencia, esta ley de reforma laboral se opone a las exigencias sindicales, a los derechos laborales; en definitiva, es un ley contrarreformista, a favor de los poderes financieros, enfrentada a la urgente reforma en profundidad del mercado, de las finanzas, de las empresas. Es una ley contra quienes luchan por otro modelo de sociedad, de relaciones de mercado, de dignidad de las personas trabajadoras, por otro orden internacional.

Por tanto, ante los desmanes de una falsa reforma para resolver la crisis, el gran desafío de la huelga general plantea la capacidad de respuesta coherente, cohesionada y solidaria a nivel local y estatal en ideas, en estrategias y en acciones que ofrezcan una alternativa eficaz a la avalancha neoliberal hoy dominante en nuestro mundo y en cada uno de sus pueblos.

Se están elaborando muchas alternativas y propuestas de políticas solidarias, economías compartidas que generen otro mundo diferente, otra manera de vivir y relacionarse guiados por el respeto a la vida del planeta, a la dignidad y derechos de personas y pueblos, a un orden económico justo, a una cultura de la igualdad y de la pluralidad. Se está fraguando, en definitiva, lo que debe ser una auténtica reforma transformadora, de profundo alcance y consecuencias. El Gobierno de España, bien adoctrinado por el capitalismo global y controlado por sus bancos, lo sabe y no ha tardado cien días en descubrir sus cartas reales, escondidas en promesas electorales, para jugar una partida que piensa ganada de antemano. Para ello ha dictado sus reglas de juego que impidan toda posibilidad de cambio auténtico ante el órdago de huelga general, que también entraba en sus previsiones. Su pretendida reforma es, por tanto, una antirreforma que obstaculiza y trunca la auténtica reforma trasformadora de relaciones laborales, garantía de empleo digno, de igualdad y solidaridad sociales.

Sin embargo, frente al imperio globalizado del capital que somete todos los derechos a su servicio excluyente y que tan sólo sabe autorreproducirse aplastando todo lo que vaya en contra de sus voraces intereses, continúan tejiéndose redes solidarias que construyan una economía sostenible basada en los derechos humanos al trabajo, a una vida digna, a una justa distribución de la riqueza, a un comercio justo, a servicios públicos que, sin recortes, aseguren el bienestar comunitario. Son la base de una reforma laboral éticamente elaborada y realizable que los sindicatos proponen, la huelga general exigió y una democracia necesita.

Es evidente que este modelo económico ético requiere otra política no solo económica, sino global. Efectivamente, política y economía van de la mano y mutuamente se sostienen y apoyan. En el actualmente llamado «orden mundial», es la economía del capital la que dicta el tipo de relaciones y formas políticas neoliberales que deben garantizar sus intereses. Cualquier pueblo o sector social o popular que reclame su soberanía e independencia ante esos poderes chocará con sus mecanismos de seguridad jurídicos, policiales y hasta militares.

Es el caso de Euskal Herria. No solo reclama un marco propio de relaciones laborales para construir otro modelo de economía social, sino también -no puede ser de otra manera- su soberanía y autodeterminación. Es decir, la reforma laboral, si quiere ser eficaz, necesita su propia autogestión, su capacidad de decidir. Consecuentemente, una reforma política que permita a este pueblo y a otros ser libres y configurar su futuro con plena participación democrática requiere otra economía independiente, solidaria y compartida. Y aquí también los aparatos del Estado juegan su bazas para impedir cualquier avance de libre determinación. Prefieren mantener enquistado el conflicto político para obstaculizar toda auténtica reforma democrática que permita al pueblo ejercer sus plenos derechos. La política penitenciaria con las presas y presos políticos vascos es, una vez más -la última sentencia del Tribunal Constitucional lo confirma-, la demostración de acumular impedimentos a la resolución de un conflicto que interesa mantener a fin de que no pueda prosperar el cambio político que Euskal Herria mayoritariamente demanda.

La verdadera reforma trasformadora que desde la justicia y la verdad conduzca a la reparación de tantas víctimas, a la reconciliación y la paz deseadas en todos los ámbitos de la vida social, laboral, política, cultural, sigue chocando con los obstáculos contrarreformistas que mantienen una situación de conflicto y enfrentamiento.

Sin embargo, el proceso continúa de forma imparable, en medio de reales e importantes dificultades, aunque no insuperables. Para fortalecer este cambio trasformador, lograr nuevas formas democráticas, realizar todos los derechos en la pluralidad respetada, se están dando pasos decisivos que demuestran la voluntad clara y la decisión firme de amplios sectores de Euskal Herria que se reafirmarán. No hay vuelta atrás, y los largos y penosos periodos de represión, violencias y sufrimientos deben ser reparados con soluciones éticas.

También la Iglesia, que es por un lado responsable histórica junto al poder político de penosas e injustas situaciones para este pueblo, y por otro lado es liberadora y comprometida con su pueblo, debe ofrecer sus propuestas y colaboración para una reforma -o conversión- que trasforme corazones, relaciones y estructuras. Pero, una vez más, nuestra Iglesia vasca se debate entre la contrarreforma conservadora y centralista y la defensa ética y profética de los derechos y la justicia que corresponden a Euskal Herria como pueblo, como sujeto de su propia decisión. Su fidelidad proclamada a quien precisamente en estos días emblemáticos ha recordado y actualizado como definitivo liberador de los pobres y cautivos, será creíble cuando comparta sus sufrimientos y angustias, anhelos y esperanzas y sirva con compromisos solidarios y eficaces a su liberación, recorriendo un camino de reconciliación y de paz.